Repesca de imputados

José María Aznar ha bendecido este agosto el estilo Matas, la práctica política de su ex ministro de Medio Ambiente y presidente de Baleares, Jaume Matas, que ha nombrado a cinco imputados en causas judiciales para cargos públicos o puestos de representación de la comunidad autónoma. "Mientras que las personas no sean condenadas, tienen los mismos derechos que las demás", dejó dicho el presidente del Gobierno en el Palacio de Marivent, tras despachar con el Rey. La nueva doctrina sobre responsabilidades políticas va en sentido opuesto a la que se manejó antes contra los adversarios.

El argumento contradice la táctica insistente que el PP lanzó contra el PSOE para debilitar a Felipe González y que fue asumida por el propio Aznar cuando, en 1995, forzó la renuncia del entonces presidente del Gobierno balear y del PP en las islas, Gabriel Cañellas. Aznar sacrificó a Cañellas, mentor de Matas, porque no podía ser un obstáculo en su camino a La Moncloa. Se deshizo de él cuando afloró su implicación -luego confirmada en el juicio- en el escándalo del túnel de Sóller, un caso de cobro de comisiones. Hubo delito de cohecho, pero la sentencia que lo estableció declaró que había prescrito.

Matas, tras la reconquista del poder autonómico que le había arrebatado la izquierda en 1999, ha promocionado hasta la cúpula del Gobierno balear y en su entorno inmediato a varios implicados en el caso Formentera, un supuesto pucherazo con votos de emigrantes de Argentina en el que existen indicios de delito electoral, malversación de caudales y falsedad documental y que se instruye desde 1999.

Carlos Gutiérrez, ex director general en el anterior Gobierno de Matas (1996-1999), supuestamente implicado con firma en la operación de patrocinio de los agentes electorales en Suramérica, ha sido colocado de senador por designación del Parlamento balear. Gutiérrez es profesor de Derecho y había sido magistrado suplente.

Al que era jefe de Gutiérrez y coordinador del PP balear, José Juan Cardona, Matas lo ha situado de nuevo como consejero de Comercio. En cuanto al cronista de ABC y Última hora, joyero y narrador, Miquel Segura, aparente autor del plan escrito para la caza de votos en Suramérica y redactor de discursos de Matas, ha sido premiado con el cargo de director de la plataforma internacional del Instituto Ramon Llull. Segura bautizó la trama del supuesto pucherazo, la Operación Mapau, y colocó a su hija, Mapau Segura, de agente del censo.

Antoni Pastor, ex director general con Matas en 1999 y emisario reiterado ante las casas baleares en Argentina y otros países, es ahora diputado en el Parlamento balear y valor en alza en el partido. Gracias a un pacto, ha conseguido la alcaldía de Manacor (Mallorca).

En el caso Formentera figuran como implicados en el supuesto pucherazo Matas y algunos colaboradores directos, pero el Tribunal Supremo rechazó -"por ahora", según especificaba el auto-, la imputación del presidente del Gobierno balear y de la vicepresidenta, Rosa Estarás. Estarás y Matas, según la mayoría de fiscales de Baleares y el pleno del Tribunal Superior de Baleares, deberían declarar como imputados.

Hay otro caso judicial con imputados en el círculo de Matas. Su secretaria personal está acusada en el asunto del espionaje al correo electrónico del PSOE. Es otra historia que apostilla el nuevo estilo de Matas desde que goza de mayoría absoluta y el respaldo incondicional de Unió Mallorquina, a la que ha entregado el Gobierno de la isla de Mallorca. La poderosa ayudante de Matas -y antes de Cañellas- Francesca Pascual, secretaria en el Gobierno balear, en el PP regional y en el ministerio, ha sido elevada al rango de directora general. Pascual está acusada del supuesto pinchazo del correo electrónico de un dirigente del PSOE de Mallorca. El Supremo rechazó la imputación de Matas cuando era ministro y el PSOE lo ha citado en su escrito de acusación como testigo en la vista oral. El juez instructor bloqueó la celebración de la vista y el asunto está recurrido.

No ha pasado inadvertido, por otra parte, el ascenso al máximo puesto de control funcionarial del Gobierno de Baleares -inspector general de servicios, en la Consejería de la Función Pública-, del ex secretario general del PP y ex consejero José Antonio Berastáin. Según la sentencia del caso Sóller, este funcionario y político fue quien manejó, al servicio de Cañellas y del PP, la caja negra de las comisiones cobradas al concesionario del túnel. Berastáin repartió los fondos y sufragó gastos de las campañas electorales del partido. Cañellas, y luego Matas, le marginaron durante cierto tiempo, pero ahora el nuevo presidente le ha rehabilitado.

Matas defiende que es pulcra, legal e incuestionable su actuación política y replica al PSOE que no tiene autoridad para atacarle. En su defensa, enumera casos de socialistas imputados o que estuvieron implicados en diligencias judiciales y que no han sido apartados de la vida política. El portavoz del PP, Joan Huguet, anticipó la doctrina Aznar al defender el nombramiento del senador Carlos Gutiérrez. "Es de una incuestionable trayectoria, sin ningún tipo de inhabilitación o impedimento. Goza de todos sus derechos", explicó.

La presencia de Gutiérrez en el Senado obliga a trasladar la causa del caso Formentera al Tribunal Supremo, cuya trayectoria procesal ha sido más favorable a las tesis de la defensa del PP. El traslado del caso impide que el Tribunal Superior de Baleares pueda citar a Matas y Estarás o juzgar el caso.

La táctica de colocar en el Senado a imputados en casos judiciales ya la utilizó el PP de Baleares en la época Cañellas (1983-1995). El nuevo consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Matas, Jaume Font, fue designado senador después de una condena por fraude electoral, en 1988, en las elecciones de Sa Pobla. El PP también abrió el camino del Senado a Guillermo Vidal, inhabilitado seis años por abuso de cargo público cuando era alcalde de Marratxí. Después de que los jueces hubieran condenado a Vidal, Cañellas le homenajeó públicamente y luego le nombró asesor personal. Matas lo mantuvo en 1996.