Los cauces

Lo de vivir bajo un puente siempre estuvo asociado a la miseria. Bajo un puente dormían los pobres de solemnidad o aquéllos de existencia nómada o itinerante cuya situación económica tampoco les permitía sufragarse un techo y cuatro paredes. La humedad y las corrientes de aire retorcían los huesos de sus desnutridos inquilinos que terminaban reprimiendo cualquier escrúpulo para cobijarse en las cloacas. Los puentes además resultaban peligrosos si trataban de montarse un chamizo estable. En época de lluvias las crecidas traidoras dejaban con lo puesto a quienes la pobreza extrema hacía olvidar las leyes naturales que rigen en los cauces. Esos preceptos que la física impone fueron adquiriendo rango legal por derecho al declarar los cursos de los ríos de dominio público y prohibir el levantar sobre ellos cualquier tipo de edificación. Es una ley casi universal fundamentada por encima de todo en el sentido común.

Según los últimos cálculos en Madrid hay actualmente más de 2.000 casas construidas sobre los cauces de los ríos. Son construcciones completamente ilegales que lejos de ir desapareciendo crecen en tamaño y número sin que la Administración parezca capaz de detener dicha progresión. La mayoría de estas edificaciones comienza siendo una pequeña caseta en la que los propietarios de los huertos guardan sus herramientas de labranza. Poco a poco el chamizo de los aperos va adquiriendo otras posibilidades. Primero un agradable merendero para disfrutar de la fresca en las tardes de verano, después un refugio donde guarecerse y pasar una noche improvisada y más adelante una segunda vivienda en toda la regla. Es decir, salón, cocina, uno o varios dormitorios y cuarto de baño. Ni que decir tiene que esta escalada de paulatinas mejoras se realiza sin control alguno, ya que ningún Ayuntamiento podría otorgar una licencia de obras para realizarlas. Así de una forma gradual y barata se van haciendo con un chalecito en el campo. La absoluta impunidad con que operan estos constructores clandestinos ha convertido la edificación de casitas-chollo en un mal ejemplo que extiende su influencia como una mancha de aceite.

En sólo cinco años el número de construcciones ilegales se ha incrementado en más de un 30%, y nada permite suponer que a corto plazo vaya a frenarse esta progresión, más bien lo contrario. Lo cierto es que a consecuencia de estos edificios chapuceros, espacios naturales privilegiados han sido degradados hasta límites realmente insospechados. En algunos casos sus propietarios llegan al extremo de vallar el terreno y defenderlo con perros adiestrados o a punta de escopeta de cualquier incómodo excursionista que consideren intruso. Un perjuicio menor si se compara con los perniciosos efectos medioambientales que causan.

Los asentamientos ilegales destruyen los sotos y bosques de ribera y constituyen un foco de contaminación completamente incontrolado. Las aguas fecales de sus moradores son vertidas directamente al río y lo mismo suelen hacer con la basura que generan. Esto ocurre en el Jarama, el Alberche y el Henares, aunque el más castigado con diferencia es sin duda el Guadarrama. Un auténtico desmadre que apenas encuentra respuesta administrativa.

La maraña de competencias legales que afecta a los cauces convierte en un calvario cualquier intento de desmantelar esta forma de chabolismo fluvial. La Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable de los cauces, reconoce que la lucha en el ámbito legal contra los poblados clandestinos es tan ardua que resulta desalentadora. Demoler una sola caseta requiere coordinar a la Administración local con la regional y Protección Civil, y además es necesario publicar un edicto y abrir un periodo de alegaciones. Dándose bien y cumplimentando todas las notificaciones, plazos y requisitos la operación dura unos tres años.

Es evidente que los mecanismos legales no están a la altura del problema y que, de no poner pronto algún remedio, la metástasis chabolista en los cauces desbordará por completo a quienes han de velar por su conservación. Urge disponer de un instrumento legal rápido y eficaz que permita detener el avance y aplique con diligencia medidas ejemplares a los listillos. Salvo excepciones muy puntuales los cauces ya no son morada de miserables.