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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Subseguridad

A una semana del accidente de la petroquímica de Puertollano, la asamblea de los trabajadores subcontratados -condición que compartían las seis víctimas- acordó ayer iniciar una huelga indefinida si la empresa no se compromete a poner en marcha en un plazo negociado las medidas de seguridad que plantean. Algunas de esas medidas tienen que ver con las "notables carencias" en materia de prevención y extinción de incendios constatadas por los bomberos en un informe remitido ayer a las autoridades judiciales y al Gobierno regional.

Ese testimonio avala las críticas respecto al deterioro de las normas de seguridad adelantadas por los trabajadores. Si el accidente ha ocurrido, es que podía ocurrir, luego las medidas de seguridad han resultado insuficientes en la práctica. De ahí la importancia de la investigación abierta. Si se confirma que el motivo inmediato fue una anormal acumulación de gases, queda por dilucidar por qué se produjo, por qué fallaron los mecanismos de detección y alerta automática de tal fenómeno y cuál fue el agente que provocó la ignición.

La experiencia indica que no suelen acabar bien los intentos de plantear las reivindicaciones laborales al margen de los sindicatos. La acusación, reiterada ayer por los líderes del sector de contratas, de que CC OO y UGT se habían puesto "de parte de la empresa" está fuera de lugar, y no digamos los gritos de "asesinos" con que una minoría recibió el lunes a los secretarios generales de esas centrales. Sin embargo, las reivindicaciones de su plataforma parecen razonables, con alguna excepción. Es lógico que exijan el mismo equipamiento y formación de seguridad que los trabajadores de plantilla, que se refuerce el sistema de detección y alarma, así como la presencia de personal preparado para actuar en las emergencias y que las paradas técnicas para revisión se realicen con la frecuencia conveniente. Es discutible, en cambio, la exigencia de crear una unidad de grandes quemados en el hospital comarcal. Tales unidades forman parte de una red nacional que sería imposible reproducir en cada comunidad.

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El accidente ha replanteado el debate sobre la relación entre siniestralidad laboral y subcontratación. Tal relación está estadísticamente acreditada, pero la solución no está en la supresión de esa forma de contratación, sino en la adaptación a la misma de las medidas de seguridad necesarias. El PSOE ha anunciado una propuesta legislativa en tal sentido. La reacción del Gobierno ha sido la que se está convirtiendo en norma: acusar a la oposición de aprovechar "las desgracias ajenas" para hacer una "política rastrera".

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