Expediente a Endesa e Iberdrola por iniciar las centrales de Tarragona sin estudio ambiental

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto dos expedientes sancionadores a las empresas Endesa y Tarragona Power (consorcio formado por Iberdrola y la sociedad alemana RWE) por iniciar la construcción de sus centrales de ciclo combinado en Tarragona sin las correspondientes autorizaciones. Las obras de las centrales empezaron en junio pasado sin que en ese momento se hubieran presentado los informes de impacto ambiental a que obliga la normativa vigente. Las dos empresas emitieron ayer sendos comunicados en los que afirman que ahora cumplen todos los requisitos.

El acta de la última reunión del Consejo de Administración de la CNE indica: "Se acuerda incoar estos expedientes sancionadores a las dos sociedades por la supuesta construcción de instalaciones de producción de energía eléctrica sin la previa concesión de las preceptivas autorizaciones". La comunicación de la comisión se emitió el pasado 29 de julio y respondía a una carta enviada por la organización ecologista Greenpeace en la que se interesaba por las medidas adoptadas por el organismo regulador en relación con las "irregularidades" advertidas en la construcción de las centrales de ciclo combinado.

Greenpeace sostiene que las obras de estas dos centrales, de 400 megavatios de potencia cada una, empezaron "mucho antes" de que se emitiesen las declaraciones de impacto ambiental que son preceptivas de acuerdo con la normativa vigente. Los estudios de impacto ambiental se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de julio de 2002 (en el caso de Tarragona Power) y el 21 de agosto de 2002 (en el de Endesa), cuando las obras ya habían empezado, algo que fue denunciado por la organización Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Tarragona en el mes de junio de ese mismo año.

El responsable de energía de Greenpeace, Emilio Rull, declaró ayer: "Es lamentable que mediante la política de hechos consumados se sigan violando las leyes de protección del medio ambiente y de la libre competencia por parte de las grandes compañías eléctricas, que infringen las leyes para construir centrales térmicas". Rull agregó: "Esta no es una situación aislada porque sucede algo similar con la central térmica de Iberdrola, de 1.600 megavatios, en el municipio gaditano de Arcos de la Frontera".

Cumplimiento

La compañía Iberdrola emitió ayer un comunicado en el que afirma que la central de Tarragona "cuenta con todos los permisos pertinentes" y "ha cumplido todas las condiciones medioambientales exigidas por las administraciones municipales, autonómicas y estatales". El comunicado no se refiere al hecho por el que se ha abierto el expediente sancionador, que es el desfase entre el inicio de las obras y la publicación de los estudios de impacto ambiental. Efectivamente, éstos fueron favorables, pero se publicaron cuando ya habían comenzado los trabajos, según denunciaron las organizaciones ecologistas y recoge ahora la Comisión Nacional de Energía.

Un portavoz de la otra empresa afectada, Endesa, la mayor eléctrica española, aseguró también que la central que construye en el complejo petroquímico de Tarragona dispone en estos momentos de todos los permisos exigidos para su construcción. Esta central, en la que se ha previsto una inversión de 200 millones de euros, comenzó el periodo de pruebas el pasado mes de junio.

Endesa ratificó ayer sus compromisos para aumentar la potencia instalada en España a fin de responder al incremento constante de la demanda de electricidad. La compañía se había comprometido a verter a la red eléctrica 1.200 megavatios de potencia antes de agosto de 2003 con sus nuevas centrales de ciclo combinado de Tarragona, Besòs (Barcelona) y San Roque (Cádiz).

Greenpeace no está de acuerdo con estas construcciones y reclama al Gobierno central que, además de ser más estricto en el cumplimiento de las leyes, apruebe una moratoria destinada a replantear la política energética. La organización ecologista considera necesario estudiar durante la moratoria medidas de ahorro energético y políticas de fomento de las energías renovables, con el objetivo de que éstas se conviertan en la base del sistema energético del futuro.

Las protestas de los grupos ecologistas se suman a las de las diferentes plataformas para la defensa del territorio que impidieron hace varios años la construcción de una central de ciclo combinado proyectada por Enron en Móra la Nova (Ribera d'Ebre).

Greenpeace y Ecologistas en Acción forman parte de los consejos consultivos de electricidad e hidrocarburos de la Comisión Nacional de la Energía.