Injerencias vaticanas

El órgano del Vaticano heredero de la Inquisición ha elaborado, bajo la dirección del fundamentalista cardenal Ratzinger, un documento que injuria gravemente la dignidad de las personas, las parejas y las familias homosexuales y exige a los políticos católicos que se opongan por todos los medios al reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales.

Coincidiendo con la publicación del documento, Bush declaró solemnemente que rechazará cualquier reconocimiento jurídico de las parejas formadas por dos mujeres o dos hombres, y Aznar ha recurrido al Constitucional el artículo de la ley vasca de Parejas relativo a la adopción conjunta, haciendo uso de una facultad extraordinaria que le concede la Constitución que implica la suspensión automática de la ley recurrida (a diferencia del recurso contra la ley navarra en el que no se hizo uso de dicha facultad). Una de las razones aducidas es que la ley vasca no tiene en cuenta la ley del Menor.

Pues bien, existe un informe elaborado por encargo de la Comunidad de Madrid, del PP, que estudia la realidad de las familias homoparentales, aquellas constituidas por parejas lesbianas y gays y sus hijos (una de las vías de la filiación homoparental es la adopción individual que la ley estatal sí permite. Así las cosas, ¿por qué se pretende impedir que una lesbiana o gay pueda adoptar conjuntamente con su pareja?) Del informe se desprende que esos niños y niñas poseen unas condiciones para su desarrollo personal de una calidad no inferior a las de los menores integrados en familias heterosexuales. ¿Por qué se argumenta en el recurso del PP en sentido contrario a las conclusiones del informe encargado por dicho partido?

En el momento de la suspensión se estaban tramitando sendas solicitudes de dos parejas de lesbianas para que la mujer de la pareja que carecía de vínculo de filiación con el menor pudiera adoptarlo, en aras a proteger el interés de esos menores. Nos gustaría saber por qué el Gobierno del PP no vela por los derechos e intereses de los niños y niñas de las familias homoparentales. Parece cada vez más evidente que el Gobierno de Aznar, alejándose del centro, se está ubicando en una suerte de Eje del Fundamentalismo Homófobo junto con Ratzinger y Bush, al tiempo que contraviene una de las obligaciones que impone la Constitución a los poderes públicos (art. 9-2): promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Si la ley vasca de Parejas profundizaba en el principio de igualdad tratando de acabar con las discriminaciones, el recurso del Gobierno demuestra que se hace insumiso de esta obligación constitucional, siguiendo la fatwa de Ratzinger, y nos condena al ostracismo legal a los gays y las lesbianas.