El hospital Clínico reducirá el número de camas para sortear la crisis

La crisis que sufre el hospital Clínico de Barcelona obligará a reducir definitivamente el número de camas y algunos de los servicios que presta en la actualidad. Así se establece en el plan estratégico que acaba de elaborar el director general del hospital, Joan Rodés, y que se presentará tras las vacaciones. Los recortes, que afectarán a toda el área asistencial, no se traducirán en una reducción de plantilla, aunque sí supondrán la no renovación del contrato del personal interino.

La reducción del número de camas es la única vía que han encontrado los responsables del hospital para evitar que este año el déficit vuelva a superar los 30 millones de euros como ocurrió en 2002. Fuentes próximas a la dirección han confirmado que podrían suprimirse gradualmente entre el 15% y el 20% de las 850 camas. De hecho, este verano el hospital ha dejado fuera de servicio provisionalmente el 35% de las camas, lo que a mediados de julio provocó problemas de ingreso. Si no hay cambios de última hora, estas camas deberían entrar de nuevo en servicio el 15 de septiembre, aunque los trabajadores del centro temen que algunas ya no volverán a ser utilizadas.

Pero lo que es seguro, según las fuentes consultadas, es que la disminución del número de camas no supondrá una reducción de plantilla. El patronato que rige el hospital se marcó este objetivo en un principio y esto ha condicionado la redacción del plan. Sin embargo, sí se prescindirá de buena parte del personal contratado en vacaciones y fines de semana. De hecho, el cierre de camas de este verano ha sido un avance de lo que ocurrirá a medio plazo. En estos momentos el Clínico tiene una plantilla de 4.500 trabajadores.

El plan estratégico ha sido realizado por el nuevo director general del hospital, Joan Rodés, y sus dos brazos ejecutivos: el director médico, Ginés Sanz, y el director financiero, Francisco Guerra. El documento fue remitido el pasado 25 de julio a los miembros del patronato y al consejero de Sanidad, Xavier Pomés, según confirmó una portavoz de la Generalitat. Rodés justifica la reducción del número de camas por el avance de la cirugía ambulatoria, la posibilidad de optar por la hospitalización a domicilio y la progresiva reducción del tiempo de ingreso.

El plan deberá ser ratificado tras el verano, aunque los trabajadores dan por hecho que habrá recortes. Pilar Salamero, del sindicato de enfermería SATSE, considera que el hospital no puede permitirse esta situación. "En verano, cuando en teoría hay menos actividad, se han suprimido camas y ya se ha visto el lío que se ha montado", recuerda. Entre las medidas que ya se han tomado para reducir gastos se encuentra la paralización del plan de obras del hospital y la derivación de algunos pacientes a otros centros.

Entrada de la Generalitat

Pero el alcance real de los recortes se conocerá a partir de septiembre, cuando se comience a aplicar el plan de saneamiento. También en ese momento la Generalitat deberá decidir si entra o no a formar parte del patronato. Durante años, el Gobierno de CiU no ha querido dar este paso por el importante desembolso que suponía. Ahora, presionado por la crisis, el consejero de Sanidad mantiene que la Generalitat tiene la "voluntad" de entrar en un organismo regido hasta ahora por el Ministerio de Educación, la Diputación y la Universidad de Barcelona. La presidenta de este patronato es la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, quien se ha implicado en las negociaciones para que la Generalitat se integre.

De hecho, el Servicio Catalán de la Salud es el principal cliente del hospital, pero la dirección del centro juzga insuficiente el dinero que abona por los servicios que contrata. Si a ello se suma que el hospital atiende a miles de personas que, por su lugar de residencia, deberían acudir a otros centros, se descubren algunas de las claves que han llevado a una situación de ahogo económico. El Clínico cerró el año 2000 con un déficit de 10 millones de euros, que durante el siguiente ejercicio se duplicó. En 2003 los problemas se repitieron hasta alcanzar un déficit de 31 millones. Por un decreto de 1954, el pago del déficit debe afrontarlo el Gobierno central, algo que el Ejecutivo no piensa volver a hacer en solitario mientras la Generalitat no aumente las tarifas que paga.