Educación rebaja el perfil político de la Agencia de Evaluación universitaria

El Departamento de Educación ha atendido las críticas que despertó el proyecto inicial y ha decidido atemperar el perfil político del órgano de gobierno de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco. La agencia es una de las piezas básicas de la ley con la que la consejería quiere velar por la calidad de la docencia universitaria.

El anteproyecto de Ley del Sistema Universitario Vasco, aprobado por el Consejo de Gobierno a finales del pasado julio, crea una agencia autonómica que evaluará la calidad universitaria. El Gobierno aprovecha así la posibilidad que abrió la polémica Ley Orgánica de Universidades de diciembre de 2001 para crear un organismo que, entre otras muchas, tendrá como misión emitir informes para la contratación de profesores, evaluar los méritos docentes para cobrar complementos y sus esfuerzos para impulsar el euskera. El modelo de la agencia, su estructura y atribuciones, ha sido uno de los centros del debate universitario desde que Educación diese a conocer sus borradores de reforma de la enseñanza superior en Euskadi.

La consejera Anjeles lztueta informó de que el anteproyecto acogió casi 200 alegaciones a todo su articulado. Algunas de ellas se centraron en la agencia como muestra el que este organismo se ha visto modificado siempre en algún aspecto en cada nuevo borrador que ha hecho Educación.El principal cambio se refiere a la composición de la estructura de gobierno de la agencia. La entidad estará dirigida por un director y un Consejo de Administración, cuyo nombre y composición han sufrido las principales alteraciones. En un primer borrador, este consejo se denominaba patronato y estaba compuesto por un máximo de 12 personas: el titular de Educación, tres personas nombradas por él, tres directivos de los departamentos de Industria, Sanidad y Hacienda y a quienes acordase designar el consejo hasta un máximo de otras cinco personas.

Este primer proyecto levantó numerosas críticas entre profesores y miembros del Consejo de Gobierno de la UPV, que estimaban que ese órgano, a falta de una reglamentación más precisa, adolecía de la independencia política necesaria para evaluar con garantías la calidad universitaria. El Departamento de Educación se hizo eco de las críticas y modificó la agencia en un segundo borrador que, salvo algunos cambios que fueron introducidos con posterioridad por la comisión jurídica asesora, ha quedado como definitivo.

Competencias

Finalmente, el Consejo de Administración de la agencia sube de 12 a 15 miembros, incorpora a los rectores de las universidades vascas y rebaja su perfil político, aunque sigue teniendo una estrecha relación con el Ejecutivo. Así, estará formado por el titular de Educación (o en quien él delegue) y tres personas nombradas por él, otras tres personas elegidas por el lehendakari, los rectores de la UPV, Deusto y Mondragon y cinco personas de reconocido prestigio nombradas por el Consejo Vasco de Universidades.

Los consejeros, que no llevarán directamente las labores de evaluación y acreditación, tienen entre sus funciones elaborar y aprobar los estatutos de la agencia, gobernarla y aprobar los criterios de evaluación, acreditación y certificación de carácter general "que deberán ser internacionalmente acreditados", según apunta el anteproyecto.

Entre las atribuciones de la agencia destacan la evaluación y acreditación de las universidades, planes de estudio, calidad de las enseñanzas, los sistemas y procedimientos de evaluación interna de la calidad de los centros. Otra competencia importante será emitir los informes previstos para la contratación de profesores e investigadores.

También evaluará la actividad docente de los profesores de Mondragon Unibertsitatea y Deusto y los méritos docentes, de investigación y gestión para asignar los complementos retributivos previstos para el personal docente e investigador de la UPV. Como novedad respecto a anteriores borradores, la agencia también valorará los méritos del personal docente "en todas las actividades encaminadas a la incorporación efectiva del euskera al conjunto de las actividades universitarias".

El organismo no será finalmente una fundación como se preveía en los primeros borradores, sino un ente público de Derecho privado adscrito al Departamento de Educación.