Réplica

El lunes 4 de agosto su periódico publicó una carta con el título Cocinando piedras, que como africano me veo en la obligación de replicar. Se contaba la penosa y patética historia de un ghanés llamado Thomas, pero a través de la voz de una madrileña. No quiero desprestigiar a mi hermano africano, pero me hubiera gustado más oír esta historia en su propia voz africana, y no a través de intermediarios blancos. Me hubiera gustado más oír la voz y la historia de un compatriota suyo ghanés llamado Kofi Annan,

a través de la utilización sesgada de unos datos, transmitiendo a la audiencia un estado de la opinión pública que no era el que se derivaba del estudio sociológico realizado por un órgano dependiente de la Presidencia del Gobierno.

Alguien podría decir, y se ha dicho, que esta sentencia es un atentado a la libertad de expresión porque ordena a los medios cómo han de informar. Expuesto el razonamiento en estos términos, resulta especialmente erróneo, porque configurar una información sobre un hecho noticioso o de interés general no es libertad de expresión, sino ejercicio del derecho a la información. Y como tal, sujeto a unos límites constitucionales más intensos que los que afectan a libre expresión. En este contexto jurídico, la manipulación informativa es deontológicamente reprobable y jurídicamente censurable cuando, como es el caso, se aleja de forma tan palmaria de la verdad de los hechos.

Finalmente, este hecho pone de relieve uno de los déficit del sistema democrático español, cual es la calidad de la información que se emite en los medios audiovisuales y la ausencia de formas de control independiente sobre su actividad, como ya existe en una buena parte de los Estados de la Unión Europea. Porque el actual sistema de control sobre los medios audiovisuales de carácter público no responde a los mandatos derivados de la Constitución y del Estatuto de Radio y Televisión, especialmente en lo que concierne al pluralismo en sus más diversas manifestaciones, a la imparcialidad de las informaciones, a la debida protección de la infancia y la juventud, así como a la necesaria adecuación de la programación a las normas europeas en materia de publicidad, contenidas en la Directiva de la Televisión sin Fronteras de 1989.

El Consejo de Administración de RTVE, como órgano encargado de velar por los principios contenidos en el Estatuto, así como sus homónimos en aquellas comunidades autónomas que disponen de canales públicos creados por ley de su propio Parlamento, han mostrado un comportamiento institucional que, en esencia, ha sido tributario de la lógica parlamentaria que rige su composición. Los criterios de la política informativa han respondido mucho más a los planteamientos de las mayorías políticas que se reproducen en dichos consejos que a la función de velar por la ponderada aplicación de los principios del Estatuto. Y ello sin que quepa hacer distinción entre la televisión estatal o las autonómicas. A estas alturas hay demasiados indicios racionales de que los medios de comunicación son, cuando conviene, la correa de transmisión de la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno de turno. Lo único que varía es el grado de sectarismo o de vasallaje.

Por supuesto, el incumplimiento de la normativa española y comunitaria es extensible -con diferentes grados de severidad- a la radiotelevisión en régimen de gestión privada. Por tanto, si resulta razonable concluir que el modelo actual de control está agotado, sigue siendo imperiosa la creación en el ámbito estatal de un órgano de control de la actividad y los contenidos de los medios audiovisuales, tanto públicos como los de gestión privada, dotado de autonomía orgánica y funcional del Gobierno, que permita hacer efectivo el respeto a los principios y derechos constitucionales.

Marc Carrillo es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra.