Los últimos de la fila

Podíamos haber sido los primeros, pero nos hemos convertido en los últimos, por desgracia, sobre todo para los parados y los trabajadores del Inem en el País Vasco. Hablamos de asumir la transferencia de políticas activas de empleo, que hoy gestiona el Inem, es decir de la intermediación y la colocación de trabajadores, del fomento y la promoción del empleo y de la formación profesional ocupacional (transferida a Cataluña ya en 1991). El proceso de transferencias, a falta de las del País Vasco, ha finalizado el pasado mayo con Murcia y Andalucía.

Nuestro sistema de relaciones laborales, nacido de la Constitución y de los estatutos de Autonomía, abrió las puertas a un marco complejo, plural y diverso en el que confluyen diferentes regímenes territoriales con competencias sobre una determinada materia. De ahí que lo importante sea el principio de lealtad entre instituciones en la búsqueda del consenso para interpretar aquellas transferencias motivo de conflicto. En Euskadi todo esto se agrava, puesto que el Gobierno vasco no reconoce la legitimidad para abordar estos asuntos al Tribunal Constitucional, órgano que tendría que resolver los problemas sobre el alcance de las competencias en conflicto.

Los dos gobiernos deben acabar con esa política de incomunicación jugando con el paro y sus soluciones

Es de sentido común la apuesta por realizar las transferencias de políticas activas

A esto hay que añadir la preocupante e improductiva contradicción que supone el haber asumido la incapacidad de la autonomía vasca para satisfacer las verdaderas demandas de autogobierno del "pueblo" vasco, con la consiguiente necesidad de romper con el actual marco político vigente y, a la vez, pactar y acordar transferencias. Está claro que para gobernar y detentar el poder institucional no es lo mismo acordar el Concierto que la transferencias del Inem. Basta recordar la presión de los poderes económicos urgiendo el acuerdo del primero.

Desde siempre, todo lo relacionado con estos temas ha llevado a los dos Gobiernos a dos posiciones cerradas, a la confrontación. De una parte, exigen la transferencia íntegra del Inem y, de otra, la niegan. Las transferencias relacionadas con el empleo, la protección social y su regulación jurídica, siempre han estado en riesgo de producir una descohesión territorial por discriminación, puesto que se trata de escenarios donde es fácil la experimentación hacia marcos autónomos diferenciados.

La Constitución estableció diferentes y complementarios mecanismos para que esto no sucediera. Nos movemos en el terreno de los principios, en los que posteriormente deben fundamentarse cualquier tipo de transferencia y ordenamiento estatutario: la unidad de orden económico nacional y unidad de mercado como consecuencia de un reparto competencial. Un esquema constitucional que garantiza la igualdad y la solidaridad entre territorios y entre personas. Unidad en la legislación laboral, que impide a las comunidades autónomas, por ejemplo, crear modalidades contractuales propias. Unidad del régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. En nuestro caso, a través de un convenio de gestión mediante el que la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad.

Nadie duda hoy de que las políticas activas son transferibles a las comunidades autónomas, sobre todo a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su sentencia 195/1996 encardina las materias de políticas activas en el título de Ejecución de la Legislación Laboral (art. 12.2 del Estatuto). En este sentido, son destacables las dos sentencias del Constitucional sobre Formación Continua, que de nuevo hacen recaer en las comunidades autónomas su ejecución. De hecho ya se han realizado a todas las comunidades, salvo al País Vasco, en base a la ejecución de la legislación laboral art.149.1.7º de la Constitución.

En cuanto a las políticas pasivas, que se concreta en los servicios necesarios para gestionar las prestaciones para proteger o mejorar la situación socioeconómica de las personas desempleadas, se puede afirmar que solo cabría la posibilidad de la transferencia para su gestión a través de un convenio que adaptara el contenido al que las partes acuerden, pero debiendo de respetar el principio de unidad de caja de los recursos económicos de la Seguridad Social.

Es de sentido común social, económico y político -a pesar de la rentabilidad que la bipolarización y confrontación proporciona a quienes la protagonizan-, la apuesta por realizar las transferencias de políticas activas, sin que nadie renuncie a sus posiciones doctrinales, sobre todo a la vista de lo planteado por el propio Gobierno vasco en el borrador del Plan Interinstitucional para el Empleo 2003-2006, cuya única apuesta es la creación de un servicio paralelo al Inem. Esto incide en una de las carencias del anterior plan, que ha sido la falta de coordinación entre los agentes actuantes en las políticas activas: Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos, agentes sociales, Inem,... No parece adecuado que la solución sea la creación de otro organismo más, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con 30 oficinas y más de 150 trabajadores. Desgraciadamante, una vez más, priman los intereses políticos, se soberaniza el empleo y se agudiza e intensifica la confrontación interinstitucional. No es de recibo que la única aportación extraordinaria a dicho plan sean los 22 millones de euros, que se van a gastar en la puesta en marcha de dicho organismo, en vez de ser destinados a políticas activas directas sobre los desempleados.

Los dos gobiernos deben acabar con esa política de incomunicación jugando con uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos: el paro y sus soluciones. También es preciso que exploren el alcance de los convenios de gestión, Disposición Transitoria quinta de nuestro Estatuto, para tratar de solucionar el alcance de la transferencia en las materias que son de permanente discusión entre gobiernos.

Se hace necesaria una nueva Ley Básica de Empleo que defina el nuevo servicio público estatal, que definiera sus competencias y la de los servicios autonómicos, sobre todo en cuanto a su coordinación y su cooperación, puesto que las administraciones públicas deben buscar la mayor eficacia en la gestión de las políticas activas en un mercado cada vez más globalizado.

Sigue siendo una desgraciada trampa que el debate de las transferencias anule el de las políticas de empleo. A pesar de casi una década de crecimiento económico ininterrumpido, en este último año los datos del empleo siguen con una tendencia degradante en calidad y cantidad. Se ha paralizado prácticamente la contratación indefinida, pasando de tasas cercanas de incremento del 6% en 2000-2001 al 0,6% en 2002. La tasa de temporalidad se ha incrementado tanto en hombres como en mujeres y, como dato global de expectativa, el Plan de Empleo 2003-2006 no va a cumplir los objetivos de la UE en tasas de empleo, del 67%, ya que como objetivo dicho plan se plantea el 63%.

Está demostrado que el trabajo, en sentido estricto el empleo, sigue siendo el elemento central en la vida de las personas y la garantía de ciudadanía social. La política vasca no está sirviendo al bienestar colectivo de los ciudadanos vascos, sino a desencadenar una dinámica de ruptura y fractura de la sociedad vasca. Lo más grave es que se utilice el derecho al trabajo para su ejecución.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el CES vasco.