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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Mentiras bajo palabra

El secretario general del PP de Madrid cobra un sueldo mensual de una pequeña tienda de reprografía propiedad de un poderoso grupo empresarial (encabezado por los hermanos Sánchez Lázaro) con intereses en el sector inmobiliario, según reveló ayer la cadena SER y admitió luego el interesado ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Romero de Tejada dijo que la víspera, cuando le preguntaron por su relación con ese grupo empresarial, "no había caído" en el detalle de que trabaja (como asesor, dijo) en esa pequeña empresa que le paga un sueldo mensual y le tiene inscrito en la Seguridad Social. Como es inverosímil que nadie pueda olvidar algo así, es lógico concluir que a Romero de Tejada no le parece excesivamente presentable esa relación; en todo caso, es evidente que tenía interés en ocultarla. ¿Por qué?

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El secretario del PP ocultó que trabaja para un grupo con vínculos inmobiliarios

Quizá sea porque se trata de una mera cobertura formal, de una ficción para justificar un sueldo y, sobre todo, como casi admitió, de un pretexto para seguir cotizando con vistas a su jubilación. Se trataría, entonces, de un favor que unos empresarios hacen a un político. Sería arriesgado asegurar que a cambio de algo, pero muy ingenuo descartarlo. Que una vez desvelada la relación, Romero de Tejada la presentase como algo normal es incoherente con que la víspera tratase de esconderla; es en cambio coherente con que considerase "de lo más natural" que un promotor inmobiliario hiciera de introductor de unos concejales ante el secretario general para proponer un determinado pacto municipal.

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Es posible que la comisión de investigación no esclarezca la trama inmobiliaria que, según el PSOE, hay detrás de la espantada de los diputados Tamayo y Sáez; pero está revelando la existencia de pautas de comportamiento indicativas de una mezcla entre intereses públicos y privados que, como mínimo, deberían ser investigadas por un organismo especializado, como la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, por un organismo sin las limitaciones que el PP ha introducido en la comisión parlamentaria respecto a documentación y comparecientes. Algunos antecedentes del grupo empresarial que paga su sueldo a Romero de Tejada más bien refuerzan esa necesidad.

La evidencia de que el secretario general del PP de Madrid ha tratado de ocultar la verdad sobre un tema relacionado con su interés personal obliga a desconfiar de otras afirmaciones suyas sólo avaladas por su declaración de que él "nunca miente"; por ejemplo, sobre su grado de conocimiento de lo que tramaba Tamayo; tal vez no supiera nada, pero ya no puede creérsele bajo palabra. Cada día hay más motivos para que el nuevo fiscal anticorrupción intervenga.

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