Gil o Gil

Todas las soluciones a la situación creada en Marbella por 12 años de gilismo son malas, y una de las peores es la moción de censura que han pactado socialistas y andalucistas con un sector disidente del partido fundado por Jesús Gil y Gil. El intercambio de acusaciones en un programa de televisión entre el ex alcalde y su sucesor ahorra recordar los métodos utilizados por ambos para plasmar en beneficio propio el criterio del fundador del GIL de que había que gestionar el Ayuntamiento como si fuera una empresa privada: privada suya.

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias sobre la actuación de ambos, y es lo mínimo que cabía esperar después de haberse acusado mutuamente ante más de dos millones de espectadores de enriquecerse cobrando comisiones ilegales por licencias de obras, entre otras prácticas delictivas. Esas licencias son el trasfondo de la crisis que ha acabado por dividir al partido que lleva 12 años gobernando en Marbella con mayoría absoluta. Durante gran parte de este periodo, el Ayuntamiento ha hecho caso omiso de las directrices de la Junta de Andalucía, competente para aprobar en última instancia los planes urbanísticos. De las 49.000 viviendas que había en Marbella hace 12 años se ha pasado a las 127.000 actuales, que se convertirían, según el último plan del GIL en 170.000 dentro de nueve años. Según la Junta, miles de esas viviendas son ilegales.

Es evidente que esa situación, que puede provocar la demolición por orden judicial de muchos edificios y el consiguiente pago de indemnizaciones, no podía prolongarse, y el actual alcalde había acabado por reconocerlo mostrando su disposición a acatar la legalidad presentando un nuevo plan respetuoso con las directrices de la Junta. Ello dividió al GIL, ocho de cuyos 15 ediles propusieron a los demás partidos plantear una moción de censura contra el alcalde.

Es lógico el escándalo suscitado por la presencia de los socialistas en esa operación: porque habían concurrido a las elecciones tras la bandera de acabar con la corrupción del GIL, y porque están en plena ofensiva contra el transfuguismo. El argumento de que se trata de evitar el bloqueo creado por la ruptura del GIL y garantizar la gobernabilidad es poco convincente: aparte del compromiso expreso de no pactar con partidos no democráticos, entre los que en su día se incluyó al GIL, ¿no sería más lógico intentar componer una mayoría con el sector que se muestra dispuesto a acatar la legalidad, y no con el otro? La idea del portavoz andalucista de que es el primer acto de la desaparición del GIL suena algo confusa cuando a cambio se hace reaparecer a su inhabilitado fundador, en cuyas oficinas y bajo cuyos auspicios se cocinó el pacto. Por todo ello, hay razones para que los tres socialistas y los tres andalucistas que aún no han rectificado lo hagan cuanto antes.