Muñoz aceptó restringir las licencias urbanísticas días antes de la rebelión

La política urbanística del GIL en Marbella se ha caracterizado por un afán constructor que ha reventado cualquier corsé legal. En los casi 12 años que Jesús Gil estuvo al frente de la alcaldía, el número de viviendas casi se triplicó, y su última propuesta de planeamiento urbanístico preveía casas suficientes para 600.000 personas, en una ciudad cuya población estable ronda las 120.000. Su sucesor, Julián Muñoz, dijo el lunes pasado que se ajustaría a la legalidad y restringiría las licencias. Cuatro días después, los ediles más afines a Gil, respaldados por concejales del PSOE y del PA, firmaban la moción de censura.

El giro que dio Julián Muñoz a la política urbanística del GIL el pasado lunes fue copernicano. Después de reunirse con la secretaria general de Urbanismo de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, Muñoz anunció la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Marbella en coordinación con la Junta, que avisó que no retiraría sus acciones judiciales contra anteriores actuaciones urbanísticas del ayuntamiento. El alcalde aseguró también que ahora sólo concederá licencias de obras "amparadas en la legalidad".

Nada que ver con la actuación anterior de Gil y del propio Muñoz, como teniente de alcalde. Desde 1991, el equipo de gobierno marbellí ha aprobado decenas de licencias y ha firmado medio millar de convenios urbanísticos que se saltaban a la torera las indicaciones establecidas en el PGOU de 1986, aún vigente. En este tiempo, Gil ha rentabilizado sin miramientos la lentitud de la justicia. Las impugnaciones de la Junta contra 150 licencias aún esperan el pronunciamiento de los tribunales. Y las pocas sentencias que ha habido ya llegan tarde: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de anular tres convenios de 1995 que cedían suelos a una empresa en los que hace años que se levantaron varias urbanizaciones.

La Junta calcula que en Marbella se han construido unas 4.000 viviendas al margen del planeamiento urbanístico vigente con el beneplácito del ayuntamiento. Una política de hechos consumados que deja la difícil papeleta a los tribunales de declarar demoliciones o negar derechos a los actuales dueños de las casas para venderlas o hacer reformas.

Con el GIL en el ayuntamiento, Marbella ha sido punta de lanza del boom constructor en el litoral andaluz, con un ritmo medio de 13.000 viviendas nuevas anuales en el último lustro. Y muchas de ellas ocupan suelos que el plan vigente reservaba a zonas verdes y equipamientos públicos.

Los intentos de Gil por legalizar su política urbanística chocaron de frente con la Junta de Andalucía. El ayuntamiento aprobó en 1998 un nuevo PGOU en el que se recalificaban 29 millones de metros cuadrados, la mitad en suelo urbanizable. El Ejecutivo autonómico rechazó este primer intento, que incluía usos urbanísticos para 11 millones de metros cuadrados de terreno forestal que la Junta considera suelo protegido.

El segundo intento de Gil, en 2000, también cayó en saco roto. Julián Muñoz impulsó este año el tercero, muy similar a los dos anteriores. Pero cuando la Junta volvió a rechazarlo, hace apenas dos semanas, el actual alcalde decidió reunirse con los representantes de la Junta y desmarcarse de la política urbanística que ha imperado en Marbella en la última década.

Con este golpe de timón, Muñoz reconocía que el viento ha rolado en los últimos meses en favor de la Junta. En abril, el tribunal andaluz cambió de criterio y aceptó por primera vez suspender cautelarmente una licencia de obras otorgada por el ayuntamiento marbellí. Por esas fechas, además, entró en vigor la nueva Ley del Suelo autonómica que permite al Ejecutivo autonómico paralizar obras que se salten las normas urbanísticas si los gobiernos locales no lo hacen.

El pasado jueves, Muñoz proponía en el pleno del Ayuntamiento marbellí la redacción de un nuevo PGOU en el que cristalizar sus promesas de volver al "camino de la legalidad vigente". Una situación que aprovechó para ajustar cuentas con Gil al despojar a Juan Antonio Roca, la mano derecha del ex alcalde, de la gerencia de la empresa municipal de Urbanismo. Una decisión que aceleró los contactos de los ediles afines a Gil con los concejales socialistas y andalucistas para pactar la demolición del gobierno de Muñoz.