EL PRADO SE HACE UN 'TRAJE JURÍDICO A MEDIDA' PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN
El Consejo de Ministros aprueba el proyecto por el que el museo dejará de ser organismo autónomo para convertirse en entidad de derecho público. Los objetivos son llegar al 50% de autofinanciación y a los 3,4 millones de visitantes tras la ampliación.
El "traje jurídico a medida" para el Museo Nacional del Prado que desde hace dos años persiguen el presidente del patronato, Eduardo Serra, y el director, Miguel Zugaza, se concretó ayer al aprobar el Consejo de Ministros el proyecto de ley reguladora del Prado, que pasa de ser un organismo autónomo a una entidad de derecho público, con objeto de modernizar su gestión y recursos. El proyecto de ley pasará al Congreso de los Diputados para su trámite parlamentario en la actual legislatura, con la intención de alcanzar el máximo consenso posible. El PSOE desconocía ayer el texto aprobado, que sufrió retoques en su articulado hasta minutos antes de entrar en el Consejo de Ministros.
"Con este proyecto de ley se da un gran paso de gigante, al reconocer la singularidad y madurez del museo, al asumir una responsabilidad difícil ante las limitaciones que plantea la Administración. El museo puede ofrecer una gestión más excelente", afirmó ayer el director, Miguel Zugaza.
El nuevo marco jurídico se planteó hace dos años con la llegada de Eduardo Serra a la presidencia del patronato y empezó a concretarse con la nueva dirección de Miguel Zugaza, al sustituir a Fernando Checa, que dejó el cargo por sus enfrentamientos con Serra. La urgencia por cambiar el régimen de organismo autónomo, que el museo tenía desde 1985, fue detenida por el presidente Aznar al abrirse una crisis con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, los historiadores del arte y conservadores, y la oposición. En un principio se planteó la figura jurídica y administrativa de ente público, como Grupo RTVE o el IVAM, pero en los últimos meses Eduardo Serra adelantó que el museo buscaría "su propio traje, que no sea igual al de otros" en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, donde figuran organismos como el Banco de España, Patrimonio Nacional, la Agencia Tributaria o el Instituto Cervantes.
Tras la aprobación del nuevo estatuto jurídico, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer que el Prado "mantendrá su carácter inequívocamente público", y citó como principales objetivos alcanzar en 2006 un nivel de financiación superior al 50%, frente al 27% actual, y un aumento de la afluencia de visitantes desde los actuales 1,7 millones a los 3,4 millones tres años más tarde, con el pleno funcionamiento del edificio Villanueva, la ampliación de los Jerónimos, el Casón, el Museo del Ejército y el centro de Ávila para el Prado disperso.
El proyecto de ley tiene una amplia exposición de motivos, 23 artículos y 12 disposiciones, que afectan a la organización, el régimen de personal, patrimonial, de contratación, presupuestario y económico-financiero. El Prado, que seguirá adscrito al Ministerio de Educación y Cultura, tendrá un futuro Estatuto del Museo desde el desarrollo del proyecto de ley aprobado.
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