El Parlamento vasco bloquea las órdenes del Supremo al no sustituir al letrado mayor

La Mesa del Parlamento vasco optó ayer por dejar vacante la plaza de letrado mayor, tras la dimisión el pasado día 24 de Eduardo Mancisidor. Al no nombrar sustituto, bloquea el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo que ordenaba expresamente al responsable de los servicios jurídicos que retirara a los parlamentarios de Sozialista Abertzaleak (antes Batasuna) el local y los medios con los que este grupo trabaja en la Cámara.

Los servicios jurídicos no tienen responsable, y según dijo ayer el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, sus seis miembros se van a turnar para levantar actas de las reuniones, pero sin ejercer la labor de asesoramiento que especifica de manera inseparable junto a la de asistencia, el artículo 22.2 del reglamento de la Cámara de Vitoria. Ayer levantó las actas de la reunión de la Mesa la letrada Montserrat Auzmendi, pero "no va a asumir la jefatura de los servicios jurídicos", dijo Atutxa, al explicar la vacante que deja Eduardo Mancisidor. Atutxa no precisó hasta cuándo se mantendrá esta situación provisional, pero en su opinión el Parlamento vasco puede funcionar sin letrado mayor como ya ocurrió hace algunos años.

El problema es que quien asuma la jefatura de los servicios jurídicos habrá de ejecutar el auto del Supremo, que daba un plazo de 15 días a Mancisidor. Y a la inversa, mientras no haya un nuevo letrado mayor, el Parlamento vasco no cumplirá el auto del Supremo que ordenaba de manera específica al responsable de los servicios jurídicos que desalojara de los bienes materiales a los diputados de Sozialista Abertzaleak (SA), antes Batasuna.

Acuerdos inválidos

Tanto el PP como el PSE expresaron ayer sus dudas de que sean válidos los acuerdos adoptados con esta fórmula de letrados rotatorios, tanto en la Mesa como cuando se inicie la actividad en comisiones y plenos, porque no van a poder cumplir con el papel que les asigna el reglamento.

Sin embargo, el relevo del nuevo letrado mayor no es el único problema al que se enfrentan los juristas de la Cámara de Vitoria. El ex responsable Eduardo Mancisidor recibió el auto del Tribunal Supremo el día 21 de julio, y tres días después dimitió, pero antes comprometió a sus abogados en la defensa del presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y de los miembros de EA e IU en la Mesa, ante las dos querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado y el colectivo Manos Limpias ante el Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) por negarse a disolver al grupo Sozialista Abertzaleak. En esas querellas, que la controvertida Sala de Discordia del TSJPV ya ha admitido a trámite, los letrados del Parlamento vasco se van a defender indirectamente a ellos mismos, al sostener la misma tesis que llevó a Mancisidor a dimitir, es decir que las decisiones del Supremo son una "intromisión en la autonomía del Parlamento vasco y que no tienen competencias" para retirar los locales y bienes materiales a Sozialista Abertzaleak.

Curiosamente, el Supremo, que para el presidente del Parlamento y los partidos nacionalistas en la Cámara genera una desconfianza absoluta, para el PNV es la única esperanza. Su portavoz Emilio Olabarria se congratuló ayer de la admisión a trámite en la Sala Tercera del alto tribunal del recurso contra la disolución de la Sala de Discordia que debe decidir sobre las querellas a Atutxa. El PNV pidió al Tribunal Superior vasco que no adopte ninguna medida procesal hasta que la Sala Tercera no decida cual es la sala válida.

El auto del Supremo también pedía al interventor de la Cámara que retirara las subvenciones a los herederos de la ilegalizada Batasuna, y lo hizo. La policía judicial remitió ayer un escrito a la Mesa del Parlamento para que confirmara que en junio SA no había recibido asignaciones económicas por ese concepto.

Petición de amparo

En medio de todo el conflicto interinstitucional, la Mesa sí que aprobó con los votos de los representantes de PNV, EA e IU/EB y la oposición de PP y PSE-EE un acuerdo rechazando las declaraciones efectuadas el 15 de julio por el portavoz del PP, Carmelo Barrio, en las que acusaba a los servicios jurídicos de convertirse en "abogados defensores de ETA", y solicitando al parlamentario popular que rectifique esas palabras. Aunque el Parlamento amparó a los letrados, Barrio, lejos de rectificar se ratificó en lo dicho.

Por su parte, el obispo de la diócesis de San Sebastián, Juan María Uriarte, opinó ayer en Azpeitia que "no sería recomendable ni la tendencia a judicializar la política ni la propensión a politizar la justicia".