El Gobierno del PP veta el decreto que regula las 'embajadas' de la Generalitat

La Generalitat puede abrir sus propias embajadas en el extranjero, pero debe limitar la actuación a su ámbito competencial, por lo que no puede mantener relaciones bilaterales con otros gobiernos estatales ni seleccionar a inmigrantes que quieran trabajar en Cataluña. Así lo estipuló ayer el Consejo de Ministros, que vetó dos artículos del decreto de la Generalitat que regula la apertura de oficinas en el exterior, por ejemplo la de Marruecos.

Tras el incidente diplomático entre los gobiernos central y autónomo a raíz de la apertura de la embajada catalana en Casablanca (Marruecos), el primero conminó a la Generalitat a legalizar este tipo de oficinas consulares. A principios de julio se publicó el decreto que regula y establece las funciones y competencias de las oficinas gubernamentales en el exterior.

Pero el Gobierno del PP entiende que dos artículos del decreto invaden sus competencias, en concreto la exclusiva estatal tanto en materia de relaciones internacionales como de inmigración, emigración y extranjería. Uno de estos artículos es el 3.1.C, que atribuye a las oficinas "el fomento de las relaciones del Gobierno de la Generalitat con las instituciones y órganos de gobierno del país donde se establecen las oficinas con la finalidad de canalizar las posibles vías de colaboración". El Ejecutivo central entiende que en este caso la Generalitat pretende mantener relaciones bilaterales con el país respectivo, una competencia que la Constitución reserva al Estado y que por lo tanto podría "perturbar su política" diplomática.

El otro artículo impugnado es el 5.3, que crea las oficinas Xila para "coordinar los trabajos de orientación y selección laboral en los países de origen". El Gobierno central considera vulneradas sus competencias en materia de inmigración, emigración y extranjería. Fuentes del Departamento de Industria y Trabajo recordaban ayer que el Ejecutivo del PP ha rechazado dos borradores de convenio sobre las Xila.

Desafío al PP

Al Gobierno catalán el acuerdo del Consejo de Ministros le pareció un "nuevo desprecio a la autonomía", por lo que el conseller en cap, Artur Mas, anunció que continuarán abriendo oficinas en el extranjero, principalmente las de orientación laboral en origen. El tema de la inmigración fue el que despertó más críticas por parte de Mas, quien reivindicó competencias propias para la Generalitat porque, dijo, la política del Gobierno central origina "un coladero" de inmigrantes y "amenaza la estabilidad".

Mas consideró el aviso del PP como otro intento de "entorpecer que Cataluña mejore" y una muestra más de la "defensa férrea del Estado central en contra de la autonomía". "No claudicaremos", enfatizó el portavoz del Gobierno catalán, Felip Puig.

El conseller en cap lamentó la poca sensibilidad del Partido Popular en estos temas y agregó que la "falta de entendimiento" puede llevar este desacuerdo sobre las competencias hasta los tribunales.