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Editorial:

Contra los tránsfugas

Los partidos con representación parlamentaria han acordado ampliar a las comunidades autónomas y a las Cortes Generales el pacto contra el transfuguismo suscrito en 1998 para los ayuntamientos. Mientras siga vigente el sistema electoral de listas cerradas, ésta es una buena noticia. Sin embargo, estaría bien que los partidos se emplazaran para entrar -pasadas las elecciones generales- en un debate a fondo sobre la conveniencia de modificar las normas electorales vigentes. La experiencia acumulada pone de manifiesto los múltiples problemas que se derivan de un sistema en que el diputado lo debe todo al partido, pero desde el momento en que es elegido tiene la capacidad de hacer con su escaño lo que le venga en gana. Sería interesante que los partidos llevaran propuestas alternativas en sus programas.

El acuerdo entre partidos no va a servir de nada si no se cumplen dos requisitos esenciales: la lealtad y el rigor. Lealtad de los partidos a la hora de aplicar el pacto. Sorprende que éste se amplíe el mismo día en que el PP presentó en el municipio mallorquín de Maria de la Salut una moción de censura contra un alcalde socialista apoyándose en el voto de un tránsfuga. El pacto para los ayuntamientos lleva cinco años en vigor. ¿El PP no se siente vinculado por él? ¿Por qué asume ahora su ampliación? No es un caso aislado. El pacto no ha impedido casos de transfuguismo en todas direcciones. Quizás pueda encontrarse parte de la respuesta en los intereses inmobiliarios. En cualquier caso, o los partidos se lo toman en serio o este nuevo acuerdo es una irrelevante pérdida de tiempo.

Y rigor en el control de sus listas por los partidos, de modo que dejen de pensar en candidatos de sumisión garantizada. El cargo electo sumiso es el que tiene menos nivel intelectual, talla moral y personalidad política, y es asimismo el más vulnerable, como se ha visto en Madrid. Por su propia defensa, los partidos deben subir el listón de la exigencia. Sin estas dos condiciones el acuerdo no sirve de nada. El objetivo debe ser la defensa de los valores democráticos, no el estímulo de vocaciones servilmente comprometidas con el partido. Los tránsfugas son una consecuencia, pero la raíz del problema está en las listas cerradas y en la falta de mecanismos de control democrático en los partidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de julio de 2003