La Comunidad abre 18 expedientes diarios por delitos medioambientales

Quien contamina, paga. El Gobierno regional recaudó el año pasado 1,2 millones de euros en multas por delitos medioambientales, el doble que en 2001. La Consejería de Medio Ambiente abrió 6.558 expedientes por infracciones contra el medio ambiente, de los que 3.325 acabaron en multa. Estas cifras suponen que en 2002 el Gobierno regional abrió una media de 18 expedientes diarios por delitos medioambientales. La sanción económica más alta fue impuesta contra una gravera de Daganzo. La mayoría de las multas obedecieron a delitos de caza y de flora y fauna.

En 2002, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional abrió 6.558 expedientes, de los que tan sólo 3.325 acabaron en multa. "La cifra de 6.558 expedientes se refiere a todas las denuncias que nos llegan a la consejería. Por ejemplo, si un agente forestal denuncia que ha visto un fuego de campamento en un lugar indebido nos la remite a nosotros. Pero no significa que todos los expedientes abiertos acaben en multa", explicó ayer el director general de Promoción y Disciplina Ambiental, Antonio Lucio. Comparado con 2001, el Gobierno regional abrió el año pasado un 37,5% más de expedientes.

Además de los datos del año pasado, en los seis primeros meses de este año, Medio Ambiente ha abierto 2.844 expedientes, de los que han derivado en una multa 1.682, 59 por una infracción muy grave. Desde enero se han recaudado 351.897 euros por multas.

El resto de expedientes abiertos, pero que no terminaron en sanción, o bien no respondían a infracciones tipificadas por la ley o bien el Servicio de Disciplina Medioambiental los remitió a otros organismos competentes. Tal es el caso, por ejemplo, de los expedientes relativos a la contaminación de los arroyos de la región, cuya competencia sancionadora está en manos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, o de expedientes relativos al vertido en el alcantarillado, enviados por Medio Ambiente a los ayuntamientos.

Gravera de Daganzo

En cuanto al importe de las sanciones, el Gobierno regional impuso durante 2002 multas por valor de más de 3,5 millones de euros, de los que finalmente recaudó alrededor de 1,2 millones. Esto supone que la Comunidad ingresó en 2002 el doble en multas por delitos medioambientales, ya que durante 2001 recaudó 684.145 euros. Las sanciones incluyen el dinero de la multa, el de la indemnización y el de la restauración de la zona dañada a su estado originario.

La multa más alta fue impuesta contra la empresa Aladueña y Peñalver, dedicada a la extracción de áridos en la localidad de Daganzo. Los infractores tienen que pagar al Gobierno regional 1,2 millones de euros porque su actividad puso en peligro una zona declarada por la Unión Europea de especial protección para las aves. Los animales sufrían, según Medio Ambiente, las molestias causadas por las máquinas y los camiones de la gravera. El expediente abierto a esta empresa de áridos se inició en abril de 2000, cuando, a pesar de no contar con una declaración de impacto ambiental, comenzó a desarrollar su actividad.

Flora y fauna

Pero aunque por la cuantía las infracciones más llamativas son las cometidas por las empresas, las más comunes son las que tienen que ver con la caza: el año pasado el Gobierno regional impuso 778 sanciones por este motivo y recaudó 97.558 euros.

Después de las infracciones relativas a la caza, los delitos más frecuentes cometidos por los madrileños fueron contra la flora y la fauna (484 sanciones por un total de 382.760 euros) y contra la Ley Forestal (404 sanciones que supusieron 382.760 euros). Respecto a los residuos peligrosos, la Comunidad impuso 334 sanciones (690.484 euros) y, en cuanto a los no peligrosos, 350 multas (590.241 euros). "Cada vez se cometen menos infracciones de residuos peligrosos porque hemos hecho bastante presión a las empresas", señaló Lucio.

En cambio, la Consejería de Medio Ambiente no consigue que, a nivel individual, la gente respete el medio ambiente. "El sector empresarial va cumpliendo, pero a nivel individual hace falta más pedagogía: hay muchas infracciones por caza, por aparcamientos en lugares naturales y por acampadas y fuegos", denunció Lucio.

La entrada en vigor recientemente de la Ley regional de Evaluación Ambiental y de la Ley de Residuos empieza a tener efecto en la vigilancia de la conservación del medio ambiente. La Ley de Evaluación Ambiental entró en vigor en junio del año pasado. Durante julio, agosto y septiembre los agentes forestales empezaron a hacer inspecciones y es ahora cuando la Comunidad está empezando a tomar las medidas cautelares contra los infractores de la ley.

La Consejería de Medio Ambiente impuso estas multas a través del servicio de Promoción y Disciplina Ambiental, que realiza inspecciones en la región en colaboración con la Policía Local y con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).