El Gobierno vasco acusa a Aznar y Cardenal de poner jueces afines para el 'caso Atutxa'

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, acusó ayer a José María Aznar; al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de haber "creado una sala afín a sus intereses" para que se admitieran a trámite las querellas contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y otros dos miembros de la Mesa de la Cámara por no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, antes Batasuna. Los tres querellados han recurrido ante el Supremo la designación de la nueva Sala de Discordia acordada por el CGPJ. En este contexto, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, dijo que Aznar había "roto las reglas de juego constitucionales" y que en España "no se podía hablar de democracia".

El conflicto institucional sin precedentes en el que ha desembocado la negativa de la Cámara vasca a suspender el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak no parece tener fin. En su estrategia de defensa de Atutxa, el PNV está utilizando todos los recursos que permite la ley. Pero, además, los está aderezando con numerosas declaraciones sobre la quiebra de la separación de poderes en España y la "sumisión" del poder judicial al Ejecutivo.

Dos ejemplos de esta superposición de censuras contra la "intromisión" del Ejecutivo en la justicia fueron las declaraciones de Imaz y del propio Arzalluz, que lleva tiempo manteniendo que en España hay una democracia de "baja calidad" y dio ayer una vuelta de tuerca tras los últimos acontecimientos judiciales. Para el máximo responsable peneuvista, la justicia se ha "politizado" de tal manera, se la ha "arrastrado" y "manipulado" tanto que "en España no podemos hablar de democracia". "La democracia ha caído bajo la prepotencia del Gobierno", aseguró. La presidenta de EA, Begoña Errazti, anunció que "responderán en la calle a las provocaciones de Aznar y su partido".

Imaz se subió ayer al mismo carro. El portavoz del Ejecutivo vasco aseguró que "el Gobierno de Aznar, el CGPJ y el fiscal general del Estado han creado una Sala afín a sus propios intereses porque no les gustaba la decisión que habían adoptado los jueces". Imaz no se extrañó de que la Sala de Discordia nombrada siguiendo los criterios del pleno del Poder Judicial hubiera aceptado por cinco votos a dos admitir a trámite las dos querellas interpuestas por la fiscalía y el colectivo Manos Limpias contra Atutxa y otros dos miembros de la Mesa, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU). "Lo sorprendente es que no les hubiese salido bien", comentó. Bilbao indicó, por su parte, que la vía penal no es "la mejor salida para un conflicto institucional".

Resoluciones "viciadas"

En un intento de paralizar el proceso penal iniciado con la admisión a trámite de las querellas -que hoy será notificada a las partes- los tres querellados presentaron ayer ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso en el que se solicitaba la suspensión del acuerdo del pleno del CGPJ de 23 de julio en el que se fijaron los criterios para la formación de la nueva Sala de Discordia.

Los recurrentes sostienen que la primera Sala de Discordia nombrada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Manuel María Zorrilla, a través de una providencia fue un acto jurisdiccional (y no gubernativo) y por lo tanto no era recurrible ante el Poder Judicial como hizo la fiscalía. A partir de ahí, los recurrentes defienden que el acuerdo del Poder Judicial es "nulo de pleno derecho y, de mantenerse serviría de base para que se conformaran órganos y se adoptaran resoluciones igualmente viciadas de nulidad".

De esa manera se refieren a la propia admisión de las querellas por la Sala de Discordia y al resto de diligencias que, a partir de ahora, se ponen en marcha, como es la toma de declaración como imputados de los tres querellados. Por todo ello, piden que se adopte la "medida cautelar provisionalísima de suspensión", dado que "habida cuenta del ritmo de los acontecimientos" el peligro en la demora haría inefectiva la decisión judicial.

Algunas fuentes jurídicas sostienen que el objetivo real del recurso es reclamar el expediente administrativo del caso para preparar mejor la defensa. Otras dicen que la "tutela cautelar" pedida "no puede ser alcanzada", dado que el proceso penal se iniciará oficialmente hoy con la notificación de la admisión a trámite de las querellas y se conozcan los dos votos particulares contrarios a la admisión. "Mientras no consten por escrito [las decisiones], todo es etéreo jurídicamente hablando", señalaron fuentes de la Sala Civil y Penal del alto tribunal vasco.

El diputado del PNV Emilio Olabarria añadió a esas interpretaciones la suya: con el recurso ante el Supremo, la Sala de Discordia como tal no existe y sus resoluciones tampoco. El PSE pidió que no se politice la justicia y el PP dijo que la admisión de las querellas es un paso en la defensa del Estado de derecho.