Los prejubilados reciben una pensión de hasta un 65% menos que su sueldo

Las empresas que recurren a ajustes de plantilla despiden cada vez con más frecuencia a los trabajadores mayores de 50 años de edad de la mano de las prejubilaciones. La prematura salida del mercado laboral de estos empleados se traduce, en la mayoría de los casos, en una merma de la pensión que reciben tras jubilarse que, según cálculos de UGT, puede reducirse hasta oscilar entre el 35% y el 50% del salario que cobraban.

Aunque cada vez se alzan más voces en favor de prolongar la vida laboral de los trabajadores, lo cierto es que la prejubilación se ha convertido en un fenómeno generalizado en las empresas. El 28% de los casi 4.000 trabajadores despedidos entre enero y abril de este año en Cataluña por medio de expedientes de regulación de empleo superaban los 50 años de edad. En el caso de los despidos individuales, que en este mismo periodo de tiempo ascendieron a 15.604, el porcentaje de mayores de 50 años expulsados del mercado laboral rondó el 35%.

En algunos casos, tras el despido, las empresas continúan abonando a la Seguridad Social la misma cuota de cotización hasta que el trabajador cumple 61 años, de modo que el empleado no verá alterada a la baja la pensión posterior, que se calcula en base a los últimos 15 años de cotización.

Pero sólo el 20% de los prejubilados goza de esta garantía, según aseguró ayer el responsable de Política Institucional de UGT, Ciriaco Hidalgo. El restante 80% se encuentra con una realidad muy diferente tras abandonar el mercado laboral [véase cuadro].

Formalizado el despido, estos trabajadores pasan a engrosar las estadísticas del paro y se acogen a una prestación por desempleo que puede prolongarse hasta dos años: durante los seis primeros meses equivale a un 70% de la base reguladora y se reduce al 60% en los 18 meses restantes. La mayoría de prejubilados agota este periodo de tiempo, dado que las posibilidades de encontrar otro trabajo son escasas.

Valgan, como ejemplo, las ofertas de empleo que la empresa que gestiona el tranvía del Baix Llobregat, Tramvia Metropolità, ha remitido al Servicio Público de Empleo Catalán (SOC) para cubrir 86 puestos de conductores, controladores y agentes comerciales. La edad requerida es, en todos los casos, "entre los 25 y los 35 años preferiblemente".

Cumplidos los 52 años, estas personas tienen derecho a percibir un subsidio que, por ley, corresponde a un 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente fijado en 451 euros mensuales. Ello significa que hasta que se jubilen, a los 61 o 65 años, ingresarán la "irrisoria" cantidad de 338 euros al mes.

La pensión no será mucho más generosa, puesto que a lo largo de estos años el Inem abona una cotización mínima mensual, estipulada en 526,5 euros, que viene a ser la mitad de la base reguladora media (1.030 euros). Como resultado, un trabajador que ha cotizado durante 30 años y que ha sido prejubilado a los 50 puede cobrar como pensión entre el 35% y el 50% del salario que percibía, mientras que para la mayoría de jubilados esa cantidad ronda el 60% de su sueldo.

Para poner remedio a este desequilibrio, el sindicato UGT propone crear un fondo de contribución solidaria que complemente la cotización que corre a cargo del Inem hasta alcanzar el nivel que se abonaba antes de que el trabajador fuera despedido. Este fondo -financiado en un 50% por la empresa, en un 35% por la Administración pública y en un 15% por el trabajador- garantizaría que la pensión se ajustara a la cotización desembolsada.