Las administraciones prometen realojar a los ocupantes del cuartel de Sant Andreu

Los 500 ocupantes de los cuarteles de Sant Andreu de Barcelona podrán pasar el verano en el recinto. Pero, ¿qué pasará el día que los indigentes, okupas e inmigrantes tengan que abandonarlo? El Ayuntamiento y la Generalitat aseguran al unísono que todos ellos serán realojados. Sin embargo, Cruz Roja, con quien la Generalitat ha contratado la atención a los inmigrantes, que son mayoría en los cuarteles, reconoció ayer que todavía no dispone de espacio para ubicarles.

¿Están preparadas las administraciones para dar una respuesta o se repetirá el triste espectáculo de 2001 con el desalojo de los subsaharianos de la plaza de Catalunya? "Estamos preparados, nadie que lo necesite se quedará sin techo", afirman tanto los responsables del Ayuntamiento de Barcelona como los del Departamento de Bienestar Social de la Generalitat.

Esta vez las administraciones quieren dar una imagen de coordinación que se ha materializado en reuniones cada dos semanas y en la firma de convenios entre la Generalitat, el Imserso y Cruz Roja para dar una atención prioritaria a aquellos inmigrantes que deseen irse de los cuarteles o tengan que hacerlo por orden judicial. Sin embargo, hay un mutismo absoluto sobre las cifras y ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona quieren avanzar cuántas plazas se están adecuando en los centros de atención social para dar un alojamiento temporal a los que abandonen los cuarteles.

La actual Ley de Extranjería indica que la Generalitat es la Administración responsable de dar atención social a los inmigrantes en situación irregular mientras éstos se encuentren en territorio catalán. Ello significa que la Administración autonómica será la responsable directa de atender las necesidades básicas de los sin papeles residentes en los cuarteles, que son el colectivo más numeroso.

Ante la falta de infraestructuras propias, la Generalitat firmó un convenio con Cruz Roja para que esta organización se haga cargo de los inmigrantes más necesitados. "Nadie se quedará en la calle", aseguró la semana pasada un portavoz de Bienestar Social. Pero hay sombras. Por ejemplo, a la hora de saber cuál es el dispositivo habilitado para atender a los inmigrantes.Bienestar Social no quiso avanzar ninguna cifra de camas o espacios preparados. "Esto se sabrá cuando sea necesario y cuando los inmigrantes soliciten ser atendidos", afirmó el portavoz, quien también indicó que, de momento, "no se ha hablado de cuántas plazas serán necesarias". La Generalitat también deja claro que sólo piensa hacerse cargo de los inmigrantes sin papeles "que lo necesiten".

Cruz Roja explicó ayer en rueda de prensa que hasta el momento ha entrevistado a 370 inmigrantes extracomunitarios en situación irregular, procedentes en su mayoría de Ghana, Marruecos y países del Este. De éstos 370, 66 han sido alojados en pensiones y en pisos que serán costeados por la organización hasta que ellos puedan sufragar los gastos, para lo que se está haciendo un acompañamiento de cada caso.

El presidente de Cruz Roja en Barcelona, Josep Marquès, explicó también que la organización ha elaborado un Plan de Emergencia para ubicar a los inmigrantes que permanezcan en los cuarteles cuando se produzca el desalojo. Este dispositivo será presentado hoy a la Generalitat, el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Defensa, y consiste en alojar a los inmigrantes en grupos de entre 10 y 30 personas en espacios situados en Barcelona y su entorno.

Sin embargo, un portavoz de la organización reconoció que "los espacios destinados al realojamiento están todavía por encontrar". El mismo portavoz señaló que Cruz Roja tampoco ha previsto cuánto tiempo podrán permanecer los inmigrantes en los espacios alternativos a los cuarteles. "La idea es que sea algo puntual, porque lo que queremos es conseguir soluciones individualizadas", afirmó.

Asistencia municipal

El resto de ocupantes de los cuarteles, unas 150 personas, que necesiten atención deberán acudir al Ayuntamiento de Barcelona, que tampoco supo avanzar la semana pasada cuántas personas prevé atender. Entre los colectivos susceptibles de recibir ayuda de los servicios sociales municipales están los indigentes con un pasaporte de la Unión Europea, los gitanos comunitarios y los okupas que decidan pedir ayuda. Sin embargo, un portavoz municipal avanzó que el Ayuntamiento se limitará a prestar "ayuda de urgencia y temporal", lo que se traduce en un servicio de comedor, duchas y alojamiento en pensiones para unos días.

La actitud de las administraciones hace sospechar a ONG y a los propios ocupantes de los cuarteles de Sant Andreu que el plan de realojo no sea más que un plan para dispersarles y alojarlos durante unos pocos días. En este sentido, varias ONG, como Sodepau, Arquitectos sin Fronteras, Papeles para Todos, y el sindicato CGT han convocado una concentración el próximo día 7 en la plaza de Sant Jaume en demanda de una "solución digna" para los habitantes del antiguo recinto militar.