Un contexto de enfrentamiento y desafíos

A lo largo del año que ha transcurrido desde la presentación inicial en el Parlamento vasco de la propuesta de Ibarretxe, el contexto en el que caerá el proyecto definitivo no ha hecho sino complicarse. Aunque el Gobierno vasco no haya dado tantos pasos como anunció el 27 de septiembre de 2002, cuando publicitó la asunción unilateral de 19 competencias, sí ha llegado a la fecha anunciada con varios frentes abiertos. Se diría que se ha querido crear una situación en la que los conflictos institucionales se conviertan en prueba irrefutable de la necesidad, y justificación, del salto soberanista.

En el pulso con el PP, la otra parte encontraría a su vez argumentos para esgrimir el artículo 155 de la Constitución, que faculta al poder central a intervenir en una comunidad autónoma para aplicar los preceptos constitucionales. No parece el mejor contexto para abordar la reforma de un Estatuto en cuya elaboración, en 1979, contó tanto el trabajo de las comisiones y ponencias como la voluntad política y el trabajo conjunto, desde sus reuniones en La Moncloa, del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el lehendakari, Carlos Garaikoetxea.

En el más importante y grave de esos frentes no batalla el Gobierno de Vitoria. El Parlamento vasco tiene entablada una pugna con el Tribunal Supremo por la que su presidente puede acabar procesado por desobediencia. Si Ibarretxe opta por la vía reformista sin confrontación, tendrá que desactivar ese conflicto, so pena de dejar a Juan María Atutxa como la víctima estéril de una batalla que nunca se estuvo dispuesto a librar hasta sus últimas consecuencias y ante la que quizá no se calcularon bien las fuerzas.

El otro frente se ha abierto más recientemente y tiene en litigio 32,2 millones que la Administración vasca retuvo en la última liquidación trimestral del Cupo (la cantidad que se paga a Madrid por los servicios que presta en la comunidad vasca). Los desacuerdos en materia de dinero han sido habituales, pero nunca hasta ahora se había producido una retención de cantidad alguna por ninguna de las partes. De momento, la Administración central ha aplazado recuperar el dinero restándolo de partidas presupuestarias para el País Vasco.

Un tercer enfrentamiento, de otro nivel, es el de la Y ferroviaria vasca, el trazado de alta velocidad, ante cuyo retraso el Gobierno vasco ha optado por sacar a licitación, sin estar entre sus competencias, los proyectos constructivos de varios tramos.

El Gobierno vasco también ha dado esta semana un nuevo paso en la creación de su Inem paralelo, denominado Lanbide. Ya ha aprobado los tres primeros centros. Pretende abrir 30 hasta 2006. Los estudios emprendidos para una Seguridad Social propia han quedado en un análisis de su viabilidad económica. Vitoria limita por ahora su acción a tratar de implicar a patronal y sindicatos en el impulso, desde la negociación colectiva y con medidas de incentivo público, de planes de previsión complementaria. El objetivo es que el 70% de los trabajadores cuenten con uno para 2025.