Ahorro de salarios a cargo del Inem

Un grupo amplio de empresas tiene en marcha ajustes de plantilla, con el objetivo de ahorrar entre un 20% y un 30% en los salarios de los trabajadores regulados. Se trata de compañías con beneficios que van a repercutir buena parte de ese menor coste a las arcas públicas. Esas reducciones de personal cuestan alrededor de 240 millones de euros anuales en prestaciones de paro al Inem en las grandes empresas y se eleva hasta los 600 millones para el conjunto de sociedades. Para ello recurren a expedientes de regulación de empleo (ERE) basados en la prejubilación de miles de trabajadores mayores de 50 años de edad. Es el caso de los procesos abiertos en Telefónica (con un ajuste récord para 15.000 empleados), Iberdrola, Altadis, Siemens, Grupo Repsol, Planeta, Tyco Microser, Electrolux y otras empresas en beneficios. El mismo camino que, paradójicamente, utilizan compañías en pérdidas como Auna y Renfe.

Ese mecanismo lo aplican las empresas con la aquiescencia de los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT, y con la aprobación del Ministerio de Trabajo, que debe autorizar los expedientes de regulación. Se repite una historia vivida a finales de los años noventa. Entonces una de las pocas voces críticas que se levantó fue la de Manuel Pimentel, cuando era ministro de Trabajo con el PP, en 1999. Censuró públicamente ese tipo de ajustes en compañías con beneficios y subrayó que era un modelo sólo justificado para superar "la crisis de empresas que se jugaban su viabilidad". Sus palabras cambiaron los planes de Telefónica, que ese mismo día renunció a prejubilar trabajadores a partir de los 42 años, aunque mantuvo un ajuste similar al actual desde los 52 años.

Falta de legislación

El sistema pensado para empresas en crisis y en reconversión, con protección por desempleo indefinida a partir de los 52 años, se vuelve a utilizar para encarar procesos de fusión y adaptación a la competitividad, como un ahorro de costes fijos. Las causas más usuales que se aducen son: obsolescencia de los conocimientos del trabajador debido al uso acelerado de las tecnologías; dificultades de readaptación; presunción de disminución de su productividad; y disminución de costes estructurales.

No hay datos oficiales, ni estadísticas, porque la prejubilación no está reconocida en el ordenamiento jurídico español, pese a ser una realidad sociológica que afecta a centenares de miles de personas (en estos momentos hay registrados 225.000 parados mayores de 55 años). El Ministerio de Trabajo ha rehusado ofrecer los cálculos solicitados, y argumenta que se trata de "una materia muy compleja". Pero estimaciones basadas en un informe del Consejo Económico y Social (CES), de consulta obligada para los expertos, permite delimitar el problema.

Cada año, en torno a 50.000 personas mayores de 50 años son expulsadas del mercado de trabajo a través de regulaciones de empleo, con un coste medio en prestaciones para el Inem de 600 millones de euros anuales. A empresas grandes y con beneficios pertenecen en torno a 20.000, cifra que este año previsiblemente se va a incrementar, y conllevan el pago en prestaciones de desempleo de 240 millones de euros cada ejercicio. Frente al mayor gasto en prestaciones del Inem, la Seguridad Social obtiene un ahorro en pensiones por la penalización que aplica en las jubilaciones anticipadas.

Coste medio

El coste medio por persona y año en prestación de paro es de 12.000 euros (depende de la base reguladora, el salario sobre el que se ha cotizado). Y tiene la misma cobertura el trabajador que procede de una empresa en beneficios, que el expulsado de una pyme sin indemnización que complemente el seguro de paro.

El impacto para los fondos públicos, que se nutren de las cuotas de trabajadores y empresas, es complejo porque no todos los ajustes de plantilla se cargan al Inem. Existen tres vías: los sujetos a regulaciones de empleo que sí cobran prestaciones de paro; los trabajadores regulados que se recolocan tras cobrar la indemnización de su antigua empresa sin agotar la prestación; y los ajustes de la banca que no imputan ningún coste al Instituto de Empleo. Una cuarta vía es la aplicada por el sector del automóvil, que vuelve de nuevo a recurrir a ERE con suspensiones de contratos durante semanas para ajustar la producción a la demanda y así eliminar stock. Ahora hay procesos abiertos en Seat y Ford, que trasladan al Inem el abono de salarios a los trabajadores afectados mientras dura la suspensión.

Los trabajadores expulsados de grandes empresas que no están inmersas en una situación de crisis o del sector público tienen unos ingresos garantizados hasta la edad de jubilación anticipada (60 años). Esos prejubilados se marchan con el compromiso de recibir indemnizaciones equivalentes a una parte del salario neto y que oscila entre el 70% y el 90%. Así la empresa se ahorra entre el 30% y el 10%, más lo que imputa al Inem. Junto a ello, pactan un convenio especial con la Seguridad Social para mantener el abono de las cuotas hasta los 61 años y así no sufrir la merma en su pensión que tendrían si cotizasen como simples parados.