La Junta se opone a que el Estado costee prejubilaciones en Altadis

El consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, mostró ayer su "total desacuerdo" con la posibilidad de que se puedan utilizar fondos de la caja de la Seguridad Social para sacar adelante, en el caso de que se produzca un plan de prejubilaciones "a lo bestia" en Altadis y una regulación de empleo "motivada por una estrategia empresarial para conseguir mayores beneficios".

Viera dijo que aunque la empresa "es la que tiene la responsabilidad del cierre y quien tiene que dar explicaciones en ese sentido", los ministerios de Trabajo y de Economía "tienen la capacidad de paralizar el procedimiento administrativo de regulación de empleo y de paralización de la actividad económica".

En ese sentido, respondió a las palabras del ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, del pasado viernes en Málaga en las que apelaba al carácter privado de Altadis. "La actividad de Altadis procede de una privatización, por lo que el Gobierno es quien tiene la autoridad y debe poner los medios y tienen responsabilidades contraídas que tiene que cumplir".

Intereses generales

"No le intentaremos colocar al Gobierno la responsabilidad del cierre", añadió el consejero, "donde es la empresa quien debe dar explicaciones, pero debido al hecho de que existe un documento en posesión del Gobierno donde se determinan las condiciones especiales para que Altadis recibiera los activos y se hiciera cargo de las fábricas tras su privatización, las administraciones públicas deben velar por los intereses generales de los trabajadores e intentar buscar una salida".

Por último y ante la posibilidad de que la empresa intente especular con los terrenos en los que está ubicada la planta sevillana, Viera dijo "confiar" en que el Ayuntamiento no lo permita.

Por otro lado, el secretario general del PSOE en Cádiz, Francisco González Cabaña, manifestó su acuerdo con la propuesta de la alcaldesa de Cádiz y presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, de hacer un "frente común" que evite el cierre de la planta que Altadis tiene en la capital gaditana.