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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Al servicio del Gobierno

Televisión Española ha recibido una clara condena judicial por su sectarismo informativo durante la huelga general del 20 de junio de 2002. La Audiencia Nacional ha establecido, en respuesta a una demanda del sindicato CC OO, que sus servicios informativos vulneraron los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical al no ofrecer una información veraz, plural e independiente sobre aquella movilización social, tal como exige el Estatuto de RTVE.

En el clima caliente de los días previos, al que contribuyó Aznar con su planteamiento de la huelga como un partido en que el no se conformaría con un empate, TVE puso toda su bien acreditada capacidad manipuladora al servicio de la estrategia del Gobierno, con el objetivo de obtener una sonada victoria sobre los sindicatos. Entonces ya se hizo evidente un descarado sectarismo, que siguió, en un año difícil para Aznar y su Gobierno, con el desastre del Prestige y las masivas manifestaciones contra la guerra de Irak. Una sentencia judicial establece ahora que TVE vulneró los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical al no haber dado la exigible cobertura informativa a los objetivos de la jornada de protesta. En definitiva, TVE actuó en plena sintonía con las consignas gubernamentales de hacer invisibles a los huelguistas; su quintaesencia fue la declaración matinal del entonces ministro portavoz, Pío Cabanillas: "No ha habido huelga general".

TVE ha sido cogida en flagrante vulneración no sólo de las más elementales reglas de deontología periodística, sino de sus obligaciones legales como servicio público. Ante condena tan contundente habría que esperar de sus directivos una pizca de rubor profesional, más allá de su propósito de recurrirla. Pero lo único que se le ha ocurrido a uno de ellos -el director, Juan Menor- es negar que afecte a la credibilidad de TVE. O sea, que seguirán haciendo de su capa un sayo con los principicios de veracidad, pluralismo e imparcialiad a los que obliga el Estatuto de RTVE.

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El partido del Gobierno, en correspondencia con los servicios prestados, no ha dudado en echar un capote a los responsables del atropello saliendo al paso de cualquier crítica a su rigor profesional. Mientras la BBC está en el ojo del huracán de una fuerte polémica político-periodística por una información independiente en un asunto sensible para el Gobierno británico, TVE es condenada por su sectarismo informativo al servicio del poder. Es la diferencia entre una televisión pública digna de ese nombre y otra degradada, sometida a las consignas gubernamentales del momento.

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