ELA y LAB rechazan la reforma de la formación continua e instan al Gobierno vasco a que la asuma unilateralmente
Los sindicatos nacionalistas ELA y LAB expresaron ayer su radical desacuerdo con la regulación de la formación continua que va a aprobar el Gobierno central y denunciaron la "pasividad" del Ejecutivo vasco ante este asunto. Ambas centrales reclaman al lehendakari que asuma unilateralmente esta competencia.
La reforma de la formación continua (la referida a los trabajadores ocupados) viene obligada por las irregularidades detectadas en el funcionamiento del Forcem -la fundación estatal formada por sindicatos y patronal que gestionaba los cursos- y una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció, ante un recurso de Cataluña, la competencia de las comunidades sobre esta materia. La nueva fórmula establece que serán las empresas las encargadas de formar a sus trabajadores, deduciendo los gastos de la cuota que por este concepto ingresan en la Seguridad Social (el 0,35% del salario).
Este cambio deja al Forcem con la única tarea de controlar los cursos de formación, al tiempo que vacía de competencias a Hobetuz, la fundación vasca creada en 1996, que entró en crisis en 2000 tras no renovar el Gobierno central la aportación anual con la que se financiaba en gran medida. El secretario de comunicación de ELA, Germán Kortabarria, señaló que la nueva fórmula supone un "grave ataque" a Hobetuz y al Acuerdo vasco de Formación Continua y propugnó que la respuesta sea "proporcional a la gravedad del ataque".
Los sindicatos nacionalistas, que reivindican un "marco vasco de relaciones laborales" desvinculado del resto del Estado, sostienen que el Gobierno español "no está legitimado para decidir el destino de las cuotas que empresas y trabajadores vascos pagan para la formación profesional". Sin embargo, la reforma suprime la cuestión de la reivindicación territorial de los fondos y cuotas destinados a formación continua, ya que éstos los gestionarán las empresas. ELA y LAB extendieron sus críticas a la patronal Confebask y a los sindicatos CC OO y UGT, que también forman parte de Hobetuz, por el hecho de que sus organizaciones estatales han dado el visto bueno a la reforma.
