La OLAF conoció hace tres años el 'escándalo Eurostat' y no lo comunicó

Los comisarios europeos no salen de su asombro al descubrir que han sido prácticamente los últimos en conocer las graves irregularidades que durante años se han producido en Eurostat, la oficina estadística europea. Fuentes oficiales de la Comisión se quejan de que la OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude de la UE) abrió la primera investigación sobre Eurostat en octubre de 2000 y no informó al Ejecutivo comunitario, y sólo parcialmente, hasta el pasado mayo. Informes de auditores hechos en 1999 tampoco han sido conocidos hasta ahora.

Ya en 1997 hubo una denuncia personal de un funcionario sobre las presuntas irregularidades en Eurostat. La recibió el comisario Erkki Liikanen, entonces al frente de la cartera de Personal y ahora en la de Empresa y Sociedad de la Información, pero cayó en saco roto. Un año después, el servicio de auditoría de Eurostat hizo una investigación que concluyó en 1999 con el descubrimiento de numerosas irregularidades financieras.

A finales de ese año se produjo el cambio en el Ejecutivo comunitario con la incorporación de nuevos comisarios y el cambio de carteras. Precisamente Liikanen fue uno de los que permaneció en un Gobierno que tuvo que modificarse salpicado por una serie de escándalos. Ahora, el alboroto que han generado las irregularidades de Eurostat amenazan a varios comisarios europeos y al propio presidente, Romano Prodi.

Los mismos auditores ya señalaron entonces que algunos contratos puestos a concurso por Eurostat estaban "predeterminados" a favor de una empresa, Planistat, una de las principales beneficiarias de las prácticas de la oficina estadística.

El informe de esos auditores se quedó en poder del director general de Eurostat, Yves Franchet, pero no transmitió su contenido a los responsables políticos de la Comisión. La dirección de Eurostat se limitó a transmitir oralmente a sus servicios que había que acabar con aquellas prácticas, pero no se estableció ningún mecanismo para seguir de cerca el cumplimiento de esa instrucción.

En octubre de 2000, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (la OLAF) inició también su investigación. Comunicó la apertura de la misma a la Comisión y enseguida empezó a encontrar datos más que preocupantes sobre lo que ocurría en la oficina estadística. Hasta el punto de que abrió media docena de investigaciones paralelas sobre el mismo caso.

En febrero pasado, y a la vista de las graves irregularidades que iba descubriendo, la OLAF envió abundante documentación a los tribunales de París, que han abierto la correspondiente causa.

Pero la oficina de lucha contra el fraude siguió sin informar a la Comisión de sus hallazgos, de forma que Franchet, que era director general de Eurostat desde 1987, continuó en su puesto sin que su superior jerárquico, el comisario español Pedro Solbes, supiera lo que estaba ocurriendo. Semejante hecho se produjo porque, de acuerdo con las normas de funcionamiento de la OLAF, esta oficina puede ocultar sus investigaciones a la Comisión como garantía de su independencia.

Alarma de la Comisión

A comienzos de la pasada primavera, sin embargo, varios periódicos empezaron a difundir noticias sobre el escándalo Eurostat y la Comisión empezó a alarmarse. Su secretario general, David O'Sullivan, se puso en contacto con los responsables de la OLAF y, "no sin insistir" -como ha declaró al diario francés Le Figaro el comisario de personal de la UE, Neil Kinnock-, recibió algunos datos parciales que le fueron transmitidos el pasado 14 de mayo.

Una semana después, la Comisión Europea decidió apartar provisionalmente de su puesto a Yves Franchet, destituido finalmente el pasado día 9 de julio. El 11 de junio, y ante la falta de información que había, la Comisión encargó una investigación propia al Servicio de Auditoría Interna (SAI). En sólo dos semana, el SAI puso sobre la mesa los escalofriantes datos de las cuentas ocultas, cajas B, contratos ficticios..., hasta la presencia de altos cargos comunitarios en los consejos de administración de las empresas que recibían contratos de Eurostat, entre ellos el propio dircetor general de este organismo.

El 30 de junio se cumplió el plazo que tenía la OLAF para hacer llegar al Ejecutivo comunitario sus descubrimientos. Aún no lo ha hecho por motivos que nadie ha explicado.