Portugal aprueba una reforma para reducir los altos costes que supone la Administración pública

El Gobierno portugués aprobó ayer las primeras medidas para la reforma estructural de la Administración pública, uno de los mayores destinos de los gastos del Estado. El Ejecutivo del primer ministro Durão Barroso pretende acercar la gestión de los servicios públicos al modelo del sector privado para hacer más flexible y productiva la Administración, que consume actualmente el 15% del PIB portugués, uno de los gastos más altos de la UE. Ésta es una de las medidas clave con que el Gobierno luso pretende controlar su excesivo déficit público y mantenerlo abajo del límite del 3% del PIB impuesto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro (PEC).

La introducción del contrato individual de trabajo en la Administración, la evaluación del desempeño de todos los funcionarios y de los propios servicios por agentes externos al Estado y la gestión por objetivos son los puntos fundamentales. Son medidas que suponen enormes cambios en la Administración pública portuguesa, considerada una de las más burocráticas y lentas de Europa.

La idea de evaluar el desempeño de los funcionarios acaba con una de las mayores tradiciones en los servicios del Estado: la promoción automática con base en años de trabajo, sin considerar el mérito de los trabajadores. La reforma afectará a la Administración central, regional y local, a todos los niveles de jerarquía, y entrará en vigor en 2004.

El déficit público portugués llegó al 4,1% en 2001. Tras la apertura de un expediente de sanción por parte de la UE y la amenaza de la suspensión de los fondos estructurales, Lisboa apostó por bajar la cifra hasta el 2,5% en 2002.

Portugal fue la primera economía del euro en entrar en recesión en el último trimestre del año pasado. En términos técnicos superó la recesión, al crecer el PIB un 0,08% en el primer trimestre del año, pero la crisis sigue.

Esta reforma es la primera respuesta a la advertencia de la UE y sigue las líneas del PEC nacional para 2003-2006 presentado a la Comisión en diciembre de 2002. En ese documento el Gobierno prometía una reforma de los servicios públicos que se traduciría en una disminución de más de 40.000 puestos de funcionarios antes de 2006.