Nuevos datos sobre el 'caso Eurostat' cuestionan el futuro de varios comisarios
Bruselas rescindirá 400 contratos externos e investiga si existen más cuentas ocultas
El escándalo Eurostat avanza cada semana y, a medida que se conocen nuevos datos, se agrava la crisis interna en la Comisión Europea y las tensiones entre los tres comisarios afectados y el propio presidente, Romano Prodi. En la oficina estadística de la UE ha habido una caja B, cuentas ocultas y contratos ficticios o abultados artificialmente. Ayer, la Comisión anunció que rescindirá 400 contratos externos suscritos con cuatro empresas y lanzó un cuestionario interno para saber si existen cuentas ocultas o reservas financieras ilegales en otros departamentos.
"Esta Comisión asume todas sus responsabilidades", afirmó el portavoz de Prodi. "El presidente está dispuesto a colaborar con el Parlamento", añadió al referirse a la comparecencia, seguramente ante la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo que, sobre este escándalo, tendrá lugar el próximo septiembre. Pero el portavoz también dijo que, durante el debate al respecto mantenido ayer por el colegio de comisarios, "no se discutió sobre la responsabilidad colectiva o individual" por las graves irregularidades descubiertas en Eurostat.
Es ésa es una de las principales incógnitas: si habrá una responsabilidad colectiva o individual. Junto a Prodi, en su calidad de presidente, los comisarios afectados son el español Pedro Solbes (Asuntos Económicos, cartera de la que administrativamente depende Eurostat), el británico Neil Kinnock (Reforma, Personal) y la alemana Michaele Schreyer (Presupuesto).
Explicación de Solbes
Solbes ha sido hasta ahora el que más explicaciones públicas ha tenido que dar (dos veces ante el Parlamento). A la vez, y pese a que existen fundadas sospechas de irregularidades en distintas direcciones generales, alguno de los citados comisarios prefiere centrarse en Eurostat porque, de esa manera, la responsabilidad se centraría especialmente sobre Solbes, que insiste en que el escándalo se originó años antes de que él fuera comisario y que hasta la semana pasada no tuvo pruebas de su existencia.
Ayer, Bruselas difundió nuevos datos que apuntan a que la crisis puede llegar a ser aún más profunda. Si la semana pasada anunció que decenas de contratos con empresas externas quedaban en suspenso, ayer dijo que realmente serán rescindidos unos cuatrocientos. ¿Por valor de cuántos euros? "Aún no lo sabemos", responden portavoces oficiales. Sólo Planistat, la sociedad francesa con más contratos suscritos, tenía la semana pasada medio centenar de contratos vigentes por 58 millones de euros.
Además de los de Planistat, se rescindirán los contratos con la empresa 2SDA, vinculada a la anterior, y los suscritos con el Instituto TES y el centro de formación de técnicos estadísticos CESD. La Comisión ha tomado esa decisión "como medida cautelar". A la vez, la Comisión investigará contratos de servicios externos suscritos por otras direcciones generales y departamentos de Bruselas, y prevé difundir sus conclusiones en octubre, mes en que el escándalo alcanzará su punto más álgido, según coinciden en asegurar todas las fuentes consultadas.
En un intento por despejar responsabilidades, los comisarios Kinnock y Schreyer enviaron ayer al resto de comisarios una dura carta con un cuestionario que deben pasar a los 25 directores generales para que aclaren "urgentemente" si "existen o han existido reservas financieras ilegales" desde que la actual Comisión comenzó a trabajar, si existen "cuentas ocultas", si hay "desequilibrios entre ingresos y gastos" y si tienen en su poder auditorías internas con hechos que los comisarios debían conocer.
Kinnock ha enviado otra carta a sus directores generales exigiéndoles la información adecuada para que él pueda asegurar a los demás comisarios que en su cartera se han puesto en marcha "las iniciativas necesarias para una buena gestión de los fondos".
Entretanto, y extrañamente a través de la empresa francesa Planistat, el Instituto Nacional de Estadística de Francia anunció ayer que han quedado en suspenso los contratos que Planistat tenía para gestionar las oficinas de venta de datos de Eurostat (llamadas Datashops) en Luxemburgo y Bélgica. No se menciona la de Madrid, también gestionada por Planistat, que ha interpuesto una queja ante el Tribunal de la UE, según fuentes de la Comisión.
El INE francés ha pedido una reunión urgente de responsables de estadística de los Quince con el nuevo director general de Eurostat, Michel Vanden Abeele, para aclarar qué está ocurriendo en la oficina estadística europea, clave para la gestión diaria de la UE y hoy con la cúpula prácticamente desmantelada.
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