Las diputaciones se sienten marginadas por Madrazo en la ley del Menor

Las diputaciones se sienten marginadas en el proceso que ha llevado al Departamento de Asuntos Sociales en la elaboración del proyecto de ley vasca del Menor. Aunque la aprobación de la norma corresponde al Parlamento, la competencia para desarrollar las políticas sobre infancia corresponde a los territorios forales.

El diputado alavés de Bienestar Social, Enrique Aguirrezábal, fue el más explícito: "En aspectos muy importantes, las diputaciones nos sentimos ninguneadas por el señor [Javier] Madrazo". En términos más suaves, el diputado vizcaíno, Juan María Aburto, pidió al consejero que tenga en cuenta "el trabajo serio de las diputaciones" y haga "un último esfuerzo de sentarse a hablar" con ellas.

Pese a estar dirigidas por partidos políticos distintos, los tres gobiernos forales han presentado de manera conjunta las alegaciones al proyecto, que próximamente iniciará el trámite parlamentario.

Aún "hay importantes discrepancias entre el proyecto y las ideas, idénticas, de las diputaciones", recalcó el diputado alavés de Asuntos Sociales.El departamento de Madrazo vasco admite que no negoció con las diputaciones el proyecto de ley, pero asegura que aceptó "el 75%" de sus sugerencias. La Diputación alavesa replica que, más que la cantidad, "cualitativamente" no se les ha tenido en cuenta. Aguirrezábal aseguró que el proyecto es "muy mejorable" y recalcó que tanto los servicios sociales de las diputaciones como los técnicos municipales "son quienes mejor conocen la problemática de los menores por el contacto diario". La misma idea comparten los otros gobiernos forales. Por eso piden reunirse con Madrazo para introducir mejoras. De lo contrario, "sería perder una buena ocasión de que salga con el consenso necesario", recalcó ayer el diputado vizcaíno de Acción Social, Juan María Aburto.

El proyecto, que acumula seis años de retraso, introduce como novedades la figura del Defensor del Menor, como existen en otras comunidades (Cataluña, Madrid o Andalucía). Pero las diputaciones insisten: "No se tiene en cuenta nuestra experiencia", se queja Aguirrezábal.

Las diputaciones enumeran los aspectos que deben corregirse. "Las ayudas a la adopción internacional no están mal", comenta Aburto, "pero también se deberían dar al acogimiento familiar. No se puede favorecer lo uno en contra de lo otro". También entiende que habría que exigir una mayor estabilidad a las parejas que utilizan esa fórmula del acogimiento: "Es mejor pedir dos años que sólo uno", con el fin de proteger al menor aún más.

Además, las diputaciones creen mejorables otras cuestiones relacionadas con los adolescentes de más de 16 años, cuya "opinión se debe tener en cuenta" al elegir su destino, y piden el fomento de "los centros con medios de contención a menores con conductas antisociales". Los derechos de los jóvenes vienen bien recogidos en el proyecto, pero las diputaciones echan en falta una mayor extensión sobre sus deberes. Además, creen que el Gobierno vasco ha llegado al detalle en algunos aspectos, más allá de lo que requiere una norma general, y que llega a invadir sus competencias.