A oscuras

Los apagones se están convirtiendo en un mal endémico de la distribución eléctrica en España. Desde diciembre de 2001, fecha en la que se produjo el gran apagón en Cataluña, las deficiencias en el suministro eléctrico son moneda corriente. Las explicaciones de la Administración y de las propias empresas, que suenan a excusas, insisten en las puntas estacionales de demanda. El mes pasado hubo interrupciones importantes del suministro en Alicante, Vitoria y Barcelona, y este lunes, un apagón general dejó sin luz la isla de Mallorca desde aproximadamente las seis de la tarde hasta bien entrada la noche. Más de 350.000 usuarios quedaron afectados por un incidente que deja en muy mal lugar la imagen turística de España y cuestiona la calidad de los servicios esenciales.

En el caso de Baleares, el riesgo se agudiza por su carácter insular, desconectado de la producción peninsular, y por la decisión del Gobierno de posponer la construcción de un gasoducto desde la Península que permita la construcción de una planta eléctrica de ciclo combinado compatible con el desarrollo turístico. La causa de los apagones hay que buscarla en las insuficientes inversiones de las compañías en mejora de las redes de distribución y transporte. El Gobierno central y los autonómicos se resisten a admitir esta degradación del servicio, que se está moviendo en niveles impropios de un país de la UE, y se escudan en estadísticas abstractas. Apenas hace una semana, el secretario de Estado de Energía, José Folgado, se felicitó de que la energía eléctrica en España "está bien ahormada en cuanto a inversiones en generación, en transporte y en distribución, para hacer frente al importante crecimiento de la demanda que está habiendo".

Los apagones demuestran que este optimismo carece de fundamento. La política del Gobierno de autorizar la elevación de tarifas para los próximos ocho años no da muestras de que esté conduciendo a un mejor servicio. El Ministerio de Economía y los gobiernos autónomos tienen capacidad para exigir a las compañías que apliquen las inversiones necesarias para garantizar un suministro eléctrico de calidad; mediante multas y, sobre todo, con la aplicación estricta de la política de contrapartidas. Instumentos no faltan, otra cosa es que se tenga voluntad de aplicarlos.