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Columna
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Dados trucados

Mañana abrirá sus puertas la comisión de investigación del Parlamento de Madrid sobre la trama político-inmobiliaria supuestamente responsable de que la coalición pos-electoral formada por el PSOE e IU -56 escaños, frente a 55 del PP- no pudiera tomar posesión en su día del Gobierno de la Comunidad y sea necesario repetir el próximo otoño los comicios autonómicos celebrados hace dos meses. Los primeros convocados a declarar serán precisamente los dos diputados -elegidos en las listas cerradas y bloqueadas del PSOE- desencadenantes de la crisis: Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez explicarán las razones que les condujeron a ausentarse -primero- de la sesión constitutiva de la Asamblea el 10 de junio, regalando así al PP la presidencia y la mayoría de la Mesa de la Cámara, y a refugiarse -después- en el Grupo Mixto, secuestrando de esta manera la llave de la mayoría absoluta.

La obvia incompatibilidad de los diputados tránsfugas para ser miembros del tribunal parlamentario que investiga su conducta ha entregado al PP la mayoría absoluta de la comisión. Los populares han hecho un despótico manejo de su hegemonía para rechazar las solicitudes de documentación y comparecencias presentadas por el PSOE y para fijar de forma unilateral la lista de citaciones, el calendario y la agenda de las sesiones. Los socialistas han tenido que elegir entre la peste y el cólera: de un lado, la aceptación de los ventajistas términos impuestos por el PP les condena a jugar una partida con los dados trucados; de otro, un boicoteo alternativo a la comisión no hubiese sido entendido por la opinión pública. En cualquier caso, la resignación de IU ante los hechos consumados no dejó al PSOE más salida que participar en la comisión.

El PP será juez y parte a la hora de indagar la veracidad de los cargos formulados por PSOE e IU contra los dirigentes populares de Madrid, acusados de estar implicados como inductores, organizadores o beneficiarios de este caso de transfuguismo. Sin la ayuda de la Agencia Tributaria y del ministerio público, resultará muy dificil -por no decir imposible- demostrar que los populares compraron a Tamayo y Sáez mediante un cohecho o patrocinaron un racket político-inmobiliario de carácter multipartidista en la Comunidad. El PP utilizará a la vez su mayoría absoluta en la comisión para agudizar la crisis interna de la Federación Socialista Madrileña (FSM) y sembrar la desmoralización entre los afiliados, simpatizantes y votantes del PSOE. A ese objetivo contribuirán con gusto Tamayo, Sáez y otros tres antiguos militantes del PSOE citados por la comisión (su padrino político, José Luis Balbás, y los ex alcaldes de Humanes y Arroyomolinos): ese quinteto desempeñará el doble papel de testigos de cargo contra el PSOE y de testigos de descargo a favor del PP.

Después de que la comisión de investigación dominada por el PP rechazara la petición socialista de documentación oficial y la ampliación de la lista de comparecientes, los recursos legales del PSOE para probar la hipótesis de la autoría, complicidad o encubrimiento de los populares en la fuga de sus dos diputados son muy escasos. Tanto Tamayo como los militantes del PP con quienes el socialista electo se mantuvo en estrecho contacto durante su huida pondrán pies en pared para vaciar de significado político esas peligrosas relaciones; aunque resulte inverosímil mantener que las llamadas telefónicas cruzadas entre unos y otros durante esos días y las posteriores visitas realizadas a la sede central del PP por un interlocutor de Tamayo para entrevistarse con el secretario regional de Madrid son puras casualidades, la mayoría absoluta de los populares en la comisión parlamentaria negará las evidencias y atribuirá a los tránsfugas razones ideológicas y móviles altruistas. Pero el PP no se limitará a rechazar la acusación de haber montado una trama político-inmobiliaria para conseguir el cambio de chaqueta de Tamayo y Sáez. También tratará de sacar los máximos rendimientos políticos de la comisión con la vista puesta en los comicios autonómicos de Madrid y Cataluña y en las elecciones generales de 2004: el procedimiento será airear las peleas cainitas dentro de la FSM y recordar las ayudas prestadas a José Luis Rodríguez Zapatero en el 35º Congreso del PSOE por la facción de Balbás, Tamayo y Sáez.

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