Castillejo y el PP echan el candado a Cajasur

El sacerdote Miguel Castillejo ha cerrado esta semana el círculo que empezó a trazar hace un año para aislar a Cajasur de las iniciativas de la Junta de Andalucía, que persiguen eliminar sus privilegios y los de la Iglesia católica en la entidad cordobesa. Lo ha hecho de la mano del PP y, en su estilo, ha dejado claro que conserva su posición de supremacía en la Iglesia y en la caja: a principio de mes celebró una misa multitudinaria en la catedral de Sevilla, a la que siguió un almuerzo con 6.500 invitados (a 60 euros el cubierto), para festejar sus 50 años como sacerdote. A los actos no faltaron el secretario de los populares andaluces, Antonio Sanz, ni el delegado del Gobierno central en Andalucía, Juan Ignacio Zoido.

El Constitucional lleva tres años y medio sin pronunciarse sobre la Ley de Cajas andaluza, que pretendía eliminar privilegios eclesiásticos

Jiménez Becerril, un asesor de Arenas, ocupa el puesto de consejero delegado para reflejar el nuevo equilibrio de fuerzas en la entidad

Javier Martínez también llenó de feligreses la mezquita catedral de Córdoba a finales de mayo. Pero su misa tenía otro significado: Martínez dejaba el Obispado de Córdoba, desde donde había criticado con dureza la gestión de Castillejo, camino del Arzobispado de Granada, el nuevo destino que le buscó la jerarquía eclesiástica para zanjar su enfrentamiento público con el presidente de Cajasur. Si Castillejo se apoyó en altas instancias de la Conferencia Episcopal y El Vaticano para salir airoso de las muchas críticas internas, para zafarse de las iniciativas de la Junta del socialista Manuel Chaves estableció una relación simbiótica con el PP. Una relación que ha fructificado esta semana en un nuevo consejo de administración que perpetúa el poder de la Iglesia, margina a los representantes del PSOE y reserva el puesto de consejero delegado a Francisco Jiménez Becerril, un hombre del secretario general del PP, Javier Arenas, para reflejar el nuevo equilibrio de fuerzas.

La adhesión del PP a la causa de Castillejo viene de lejos. El Gobierno de José María Aznar salió al corte del primer intento de la Junta de rebajar las singularidades de Cajasur, controlada por la Iglesia. En 2000 paró en el Tribunal Constitucional la Ley de Cajas andaluza. Luego redactó en la Ley Financiera (noviembre de 2002) un artículo exclusivo para Cajasur que quita el control administrativo de la caja a la Junta y, de modo excepcional, se lo confiere al Ministerio de Economía. Y en enero validó los nuevos estatutos de Cajasur, que intensifican aún más el control de la Iglesia (su cuota de poder pasa del 35% al 46% en los órganos de gobierno).

Los nuevos estatutos abrieron un proceso electoral vertiginoso que culminó esta semana con la confirmación de Castillejo en la presidencia (lleva casi tres décadas ) y de Jiménez Becerril en la vicepresidencia. Entretanto, las iniciativas de la Junta -la última es exigir al sacerdote que deje el cargo por cobrar de la caja (475.000 euros) y como canónigo- se han frenado en la vía contencioso-administrativa. Y su denuncia sobre la gestión de Castillejo por apropiación indebida y falsificación contable está pendiente ahora de la Fiscalía Anticorrupción.

El entramado legal que ha urdido el Gobierno ha permitido a Castillejo tejer una red de seguridad para asegurar la presencia de la Iglesia en la caja. Sólo una decisión del Constitucional puede aún hacer un roto a ese traje, pero para entonces -el Tribunal lleva tres años y medio sin pronunciarse sobre la legalidad de la Ley de Cajas andaluza-, puede también que Castillejo haya celebrado ya, en su estilo, su salida de Cajasur.