Errores recurrentes en el debate sobre las pensiones

La reforma de las pensiones en Alemania y Francia, la campaña electoral y la aparición de nuevos informes sobre la situación del sistema español de pensiones han vuelto a abrir el debate sobre el tema. La adaptación de los programas públicos de pensiones al nuevo escenario demográfico es, sin duda, uno de los principales retos que deberán abordar los responsables políticos. Por ello, resulta frustrante que este debate se produzca en España de manera intermitente, frecuentemente al albur de intereses partidistas, y con argumentos erróneos y confusiones sobre la naturaleza del problema. Sin ser exhaustivos, a continuación mencionamos algunos ejemplos:

1. Las previsiones demográficas a largo plazo son inútiles porque presentan un margen de error considerable. De hecho, el margen de error en las previsiones sobre la proporción de la población mayor de 65 en la población total -la variable demográfica clave a estos efectos- es menor que, por ejemplo, el margen de error de previsiones sobre la rentabilidad de la Bolsa durante los tres próximos meses. La razón es evidente: la población entre 65 y 100 años en 2050 es la que ahora tiene entre 18 y 53 años y, por tanto, la única fuente de incertidumbre se debe a la evolución de su longevidad. Aumentos de la tasa de natalidad y los flujos de inmigrantes pueden contribuir a rebajar el peso de la población jubilada en la población total pero, de nuevo, aquí hay poco margen. Tras dos décadas de muy baja natalidad, el tamaño de la población femenina en edad fértil va a ser bastante reducido en los próximos años. Aunque la tasa de natalidad se recuperara espectacularmente, algo poco probable, el tamaño de la población joven en los próximos decenios se reducirá. Por otra parte, el flujo de inmigrantes necesario para "rejuvenecer" la población española es muy superior al que se contempla en la restrictiva regulación migratoria vigente, mientras que en las habituales previsiones demográficas se suele incluir un flujo de inmigrantes muy elevado sin que se reduzca significativamente el peso de la población mayor de 65 años. En definitiva, el proceso de envejecimiento de la población es irreversible. Si acaso, dados los avances médicos, lo más probable es que las previsiones demográficas se equivoquen a la baja en la longevidad, subestimando el aumento de la población mayor de 65 años.

La reforma de las pensiones se aplaza con argumentos erróneos y partidistas

2. Las previsiones económicas sobre el gasto en pensiones a largo plazo son inútiles porque desconocemos cuál será la evolución de la tasa de empleo y de la productividad. Es cierto que resulta muy difícil prever cuál será la evolución de ambas variables en las próximas décadas, sobre todo en ausencia de políticas de empleo y de reformas estructurales de alcance. Pero la tasa de empleo tiene un límite superior. Por ejemplo, los Gobiernos de la UE consideran un éxito alcanzar una tasa de empleo del 70%. Si en España la tasa de empleo se mantuviera en los niveles actuales, un 60%, el gasto en pensiones en relación al PIB en España aumentaría en 8,5 puntos porcentuales, hasta el 17% en el 2050, mientras que, si la tasa de empleo aumentara hasta el 70%, dicho incremento sería "sólo" de 7 puntos porcentuales, hasta el 15,5%. En cuanto a la evolución de la productividad, dado que las pensiones dependen de los salarios durante la vida laboral, que aumentan con la productividad, el gasto en pensiones en relación al PIB no variará mucho con la tasa de crecimiento de la productividad, a no ser que se reduzca la indexación de pensiones a salarios. No se puede ser optimista sobre la evolución de la productividad en un contexto de envejecimiento de la población y con unas políticas que no tienen como objetivo primar el uso eficiente de los recursos.

3. El retraso de la edad de jubilación sólo debe plantearse cuando se alcance el pleno empleo porque las jubilaciones anticipadas favorecen el empleo juvenil. Esta afirmación es una versión de "la falacia de la cantidad fija de trabajo" que tan graves errores ha causado en la formulación de políticas de empleo. No hay ningún fundamento teórico ni ninguna evidencia empírica que permita sostener que el empleo es una cantidad fija que hay que repartir entre la población. Las jubilaciones anticipadas suponen un despilfarro de recursos humanos. Y si la esperanza de vida aumenta y queremos mantener un nivel de consumo determinado a lo largo de nuestra vida, tendremos que trabajar más años y ahorrar más.

4. El sistema público de reparto es más "solidario" que las alternativas disponibles. Es cierto que el actual sistema de pensiones produce transferencias de renta desde las generaciones más jóvenes hacia la población jubilada. Estas transferencias pueden haber estado justificadas en determinados momentos históricos pero no siempre lo han de estar. Desde una perspectiva intrageneracional, un sistema de reparto donde la pensión se calcule en función de los salarios al final de la vida laboral, como es el caso en España, produce mucha más desigualdad que un sistema donde se tengan en cuentan todas las cotizaciones a lo largo de la vida laboral. La razón es evidente: la desigualdad salarial es mucho mayor entre los trabajadores de 50 a 64 años que entre los trabajadores más jóvenes.

Estos y otros errores están haciendo que la reforma de las pensiones en España avance a un ritmo excesivamente lento. Al final, dicha reforma se hará apresuradamente y, por tanto, con peores posibilidades de elección entre las alternativas disponibles. Cada una de estas alternativas tiene ventajas e inconvenientes. La reforma de las pensiones se sigue aplazando con argumentos erróneos y partidistas.

Juan F. Jimeno es profesor de Economía en la Universidad de Alcalá e investigador de FEDEA. Juan J. Dolado es profesor de Economía en la Universidad Carlos III.