Presión policial contra los inmigrantes de Alcarràs

El Gobierno central ha decidido actuar policialmente contra el medio millar de inmigrantes subsaharianos que desde hace semanas residen en condiciones infrahumanas en un campamento situado en las afueras de Alcarràs (Segrià). Desde el pasado lunes, agentes de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía y de los Mossos d'Esquadra realizan batidas en este municipio para identificar a los sin papeles e iniciar los trámites de expulsión. El subdelegado del Gobierno en Lleida, Joan Barios, espera resolver el problema "en un máximo de tres o cuatro días".

El hostigamiento policial está dando los resultados esperados por el representante gubernamental, ya que decenas de inmigrantes sin documentación han empezado a hacer las maletas por miedo a ser detenidos y extraditados a sus países de origen. Desde el pasado 12 de junio, en la subcomarca del Baix Segre, donde se concentran la mayoría de los temporeros que buscan trabajo en la campaña de recogida de la fruta, han sido identificados 300 inmigrantes y se han instruido 32 expedientes de expulsión. Barios ha reconocido que uno de los objetivos de los controles policiales en la zona es meramente disuasorio. "El año pasado se hizo lo mismo y conseguimos que se marcharan de Alcarràs", dijo.

Fuentes policiales han explicado que aproximadamente el 70% de los inmigrantes del asentamiento de Alcarràs se encuentran en situación irregular por no tener documentación o por pesar sobre ellos órdenes de expulsión. "Si vienen tantos indocumentados es porque alguien les contrata. Nosotros tenemos constancia de que hay empresarios que se aprovechan de este tipo de mano de obra", han señalado las mismas fuentes.

Los países de procedencia de los 16 detenidos por no tener permiso de residencia en la redada policial efectuada el jueves en Alcarràs son Ghana, Malí y Guinea-Conakry. Estas personas, a las que la policía ya ha abierto un expediente de expulsión, serán trasladadas al Centro de Internamiento para Extranjeros de la Verneda (Barcelona), donde esperarán un máximo de 40 días a que el juez ordene su expatriación. La policía reconoce que ejecutar la orden de expulsión de un inmigrante no es fácil.

Además del elevado coste económico, en muchos casos no se consigue determinar su verdadera identidad y nacionalidad, y en otros no hay convenio de repatriación con el país de origen, por lo que los detenidos son puestos en libertad.

"Me duele en el alma"

El alcalde de Alcarràs, el convergente Gerard Serra, cree que el Gobierno central ha decidido actuar como respuesta al aluvión generalizado de críticas recibidas en los últimos días por la situación que se había creado en su municipio. "Nuestras quejas reiteradas han servido para que la Administración central empiece a ejercer las competencias que tiene en esta materia. Me duele en el alma que a estas personas se les aplique la Ley de Extranjería, pero es necesario hacerlo para evitar males mayores", señaló Serra, que ha acusado al subdelegado del Gobierno en Lleida de no estar a la altura de las circunstancias.

Barios afirmó el pasado jueves que el consistorio de Alcarràs es el principal responsable de la llegada masiva de inmigrantes al pueblo por haber provocado con su política de acogida un efecto llamada. "Es un problema histórico", indicó, "y si los temporeros acuden año tras año es porque de forma habitual se les contrataba en la plaza. Además gozaban de buena acogida y se les garantizaban los servicios sociales mínimos y hasta cobijo en tiendas de campaña o albergues. Este efecto llamada no se da en otros municipios de la zona frutícola de Lleida. No se puede ofrecer facilidades y cuando se produce una avalancha decir que es imposible hacer frente a la demanda social".