El sueldo de los alcaldes

Puede que suene escandaloso que algunos alcaldes de pueblo ganen más que el presidente del Gobierno o que concejales sin cartera, más que ministros, pero sí ha dejado de ser extraño. Y no sólo porque haya más de un caso, sino porque sus sueldos no los regula nadie: se los ponen ellos.

Puede que se piense que los criterios para ponerse un sueldo un cargo público son razonables: entidad de la población, territorio a su cargo... Pues no, porque a veces son tan peregrinos como que un alcalde necesita vestir bien por la importancia de su cargo... y otras simplemente no existen.

Peregrinos o no, la cuestión es precisamente la falta de criterios por los que regular el sueldo de los alcaldes y de los cargos públicos. Siendo éste uno de los temas que más separan a los políticos de los ciudadanos, creo que la iniciativa para normalizar la situación la deben de llevar los propios afectados. Una iniciativa que debiera culminar en una ley que regulase sus nóminas, asignaciones, dietas,...

Esta ley es necesaria para normalizar un tema tabú entre la clase política, que es germen de frecuentes distanciamientos entre ésta y los demás ciudadanos y que impediría utilizar las asignaciones a los concejales como arma política. Siendo este último aspecto, en mi opinión, más importante que el de los astronómicos autosueldos, ya que algunos alcaldes utilizan su poder para decidir sobre las asignaciones a los grupos políticos o para el desarrollo de la responsabilidad de los concejales como una forma de presión (¡de extorsión!), en un intento por asfixiar al contrario.

Esta ley de regulación de los sueldos de los cargos públicos evitaría la arbitrariedad e injusticia de actuales situaciones incomprensibles en democracia que se dan en muchos pueblos de España y vendría a cumplir una de las obligaciones de los políticos cual es la de ser escrupulosos y transparentes con el dinero de todos.

Un salario razonable por un trabajo que implica una carga de gran responsabilidad que todos los ciudadanos deben conocer y que ha de estar ajustado a unos criterios consensuados. Y al frente de la defensa de la necesidad de esta ley todos los políticos, demostrando que por encima de las ideas está la ética que debe regular nuestros actos.