JpD admite la ineficacia de la legislación urbanística

"La lentitud de la maquinaria judicial se presenta como el gran aliado de las infracciones e irregularidades urbanísticas". La asociación Jueces para la Democracia se ha sumado al debate sobre la corrupción urbanística con una denuncia pública sobre la ineficacia de la normativa vigente en la materia, que entiende no consigue impedir el aumento de las infracciones en las costas andaluzas, y especialmente en la Costa del Sol.

En un comunicado, la organización recuerda que existen normas para sancionar las infracciones que prevén multas elevadas y órdenes de paralización y demolición, e incluso penas de prisión para los delitos contra la ordenación del territorio, pero que "la realidad está demostrando la ineficacia de tales instrumentos".

Para favorecer una efectiva tutela judicial sobre el urbanismo, Jueces para la Democracia entiende que las órdenes de paralización y demolición deben dictarse en "un plazo razonable y rápido a fin de evitar que las construcciones se terminen en la ilegalidad y devenga imposible su demolición".

Procedimientos

La organización también cuestiona los procedimientos, ya que en la jurisdicción contencioso administrativa los asuntos pueden tardar en resolverse hasta 10 años, y cuando las irregularidades adquieren consideración de delito y se abren procesos penales, éstos quedan paralizados a la espera de un procedimiento de la jurisdicción de lo contencioso. Por todo ello, Jueces para la Democracia concluye que "no resulta excesivo afirmar que en materia de urbanismo hay un claro déficit de la tutela judicial, contribuyendo ello a crear un amplio espacio social al margen del Estado de derecho".

La asociación reclama al Ministerio de Justicia que amplíe las plazas de magistrados en las salas de lo contencioso de Málaga y Granada, que en el año 2002 tenían pendientes de resolver 12.574 y 22.191 casos, respectivamente. También estima necesario que los jueces y fiscales reciban una formación específica sobre las características de estos delitos y el uso de sociedades instrumentales en la comisión de los mismos.