El Poder Judicial indaga cómo se formó la sala de admisión de la querella contra Atutxa

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer recabar del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco información sobre cómo se formó la Sala de Discordia encargada de resolver el empate sobre la admisión de la querella del fiscal contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa. Dicha información servirá al pleno del CGPJ del próximo 23 de julio para resolver sobre el fondo del recurso planteado por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, contra la composición de dicha sala, que, mientras tanto, ha sido suspendida cautelarmente.

Lo primero que hizo ayer la comisión permanente del CGPJ fue modificar, a propuesta de los vocales progresistas Juan Carlos Campo y José Antonio Alonso, el proyecto de resolución del ponente, Agustín Azparren, vocal a propuesta de PP y PSOE. Se eliminaron las consideraciones que apuntaban al fondo del recurso a resolver y se reforzó la necesidad de verificar el orden seguido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Manuel María Zorrilla, para incorporar tres jueces a los cuatro que empataron.

Así, tras la mención de los tres magistrados que, según el borrador de resolución, deberían haber sido llamados para resolver el empate -María Abelleira Rodríguez, María José Hernández Vitoria y José Antonio Alberdi Larizgoitia-, se afirmaba que ellos habían "resultado llamados para completar salas en recientes ocasiones" y se consideraba "indiscutible que no corresponde efectuar tales llamamientos a favor de los presidentes de las Salas de lo Social y Contencioso-Administrativo del TSJPV", como había hecho Zorrilla.

Verificación

En cambio, se añadió al texto definitivo de la resolución aprobada ayer que es aconsejable "una más profunda verificación del orden seguido en los llamamientos efectuados en la decisión combatida [por el Ministerio Fiscal]" y que procedía la suspensión cautelar de la composición de la Sala de Discordia acordada por Zorrilla, "sin prejuzgar en absoluto cuanto pueda resultar de obligado contraste para la resolución del fondo del asunto".

Para la mencionada verificación, la Comisión Permanente del CGPJ acordó recabar del secretario de gobierno del TSJPV el acuerdo adoptado por la sala de gobierno del mismo para establecer el turno al que habrá de ajustarse la composición de la Sala de Discordia, así como el acuerdo sobre el turno para completar la Sala de lo Civil y Penal cuando no existieren magistrados suficientes y los acuerdos sobre llamamientos de otras salas del TSJPV para concurrir a la formación de la Sala de lo Civil y Penal, todo ello "con referencia cronológica hasta la actualidad".

Igualmente se requiere a Zorrilla un informe sobre el asunto en el plazo máximo de cinco días, dada la "tramitación de urgencia de este procedimiento", que el CGPJ desea resolver "en el tiempo más breve posible", que, según fuentes del Consejo, será en el pleno del 23 de julio.

El portavoz del CGPJ, Enrique López, rechazó tanto las amenazas y coacciones "que ponen en cuestión la labor de los jueces y magistrados en el País Vasco", como "los excesos verbales de algún cargo del Gobierno vasco, que ha calificado de mafiosa la decisión de ayer del Consejo". López recordó que el CGPJ está protegido penalmente.

Hernando, "no contaminado"

Preguntado sobre la opinión de la diputada del PNV Margarita Uria, que considera "escandaloso y poco ético" que el presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, participara ayer en la suspensión de la Sala de Discordia, a pesar de presidir la Sala del Supremo que ha instado al fiscal la interposición de la querella pendiente de admisión a trámite, López contestó que "Hernando no está contaminado".

El portavoz del CGPJ explicó que, "aunque están relacionadas, son dos cuestiones radicalmente diferentes, por lo que no hay ninguna duda de que un asunto es la cuestión penal y otro la resolución de un acuerdo gubernativo sobre la composición de la Sala de Discordia".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia en el País Vasco, Jaime Tapia, defendió la "imparcialidad e independencia" de los jueces de esa Sala.