El Supremo rechaza un recurso de la Generalitat contra la creación de una agencia municipal de infraestructuras

Seis recursos presentados y seis recursos perdidos. Ése es el balance de la batalla planteada en los tribunales por el Gobierno catalán contra la agencia municipal Barcelona Regional (BR). Cinco fallos se habían ya producido a favor de los municipios. El sexto es de este mismo mes. Barcelona Regional es una empresa de capital público que realiza estudios y análisis de infraestructuras para los municipios del área metropolitana. No puede trabajar para terceros ni acudir a concursos. Se limita a los encargos de las administraciones que forman parte de su accionariado. El Gobierno catalán recurrió hasta seis veces. En primera instancia perdió en cinco casos y ganó en uno que ahora ha revisado el Supremo dando la razón a los municipios.

La historia es antigua. Data de 1993 y desde entonces se arrastra por los juzgados. Durante estos nueve años, la única sentencia favorable al Gobierno catalán ha servido para que la Sindicatura de Cuentas pusiera constantes reparos a la existencia de Barcelona Regional, al igual que algunos interventores municipales. "Se trataba", opina el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas, "de difundir la idea de que había irregularidades, de arrojar dudas sobre Barcelona Regional".

BR nació de la cultura olímpica: un trabajo en común de diversas administraciones que coinciden en trabajos en un mismo tiempo y espacio. En Barcelona Regional están los municipios, las entidades metropolitanas, AENA, Renfe. La agencia ha realizado estudios sobre las depuradoras del Llobregat y del Besòs, el aeropuerto y los sistemas ferroviarios, siempre a petición de los propios municipios. La capacidad de decisión quedaba en manos de éstos. Eso mismo es lo que reconoce el Tribunal Supremo en la sentencia que desautoriza en la forma y el fondo la única del Tribunal Superior de Cataluña que dio la razón a la Generalitat.

El Gobierno catalán, afirma Casas, siempre ha intentado laminar la capacidad de actuación de los ayuntamientos. Y una forma de hacerlo era impedir que éstos dispusieran de la información suficiente como para formarse una opinión adecuada de los asuntos a debatir. "El trasfondo de tanto recurso, de tanta beligerancia, es impedir que los ayuntamientos puedan hacer propuestas y, más allá, optar por la confrontación en vez de por la colaboración".

En el momento de su nacimiento, el Gobierno catalán fue invitado a incorporarse a Barcelona Regional. Renunció a ello, pese a que algunos de sus técnicos cualificados eran partidarios de formar parte de la entidad. Los dos principales defensores de la integración (el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat, Enric Roig, y el director, Miquel Llevat) perdieron su puesto en poco tiempo. El Ejecutivo eligió el camino de la confrontación y el recurso. Un recurso que, según Casas, "tenía sólo intencionalidad política". El primer teniente de alcalde recuerda que Barcelona Regional no tiene capacidad decisoria y que las administraciones comparten la información, pero son libres de defender las posturas que crean más razonables. "Lo que buscaba el Gobierno catalán era impedir que los municipios tuvieran la información para defender posiciones razonables".

La sentencia, que es definitiva, desmonta punto por punto la argumentación del Tribunal Superior de Cataluña, que dio la razón al Gobierno catalán y "anula y deja sin efecto" la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que cuestionaba los convenios entre los ayuntamientos y Barcelona Regional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 14 de julio de 2003.

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