'Semana negra' judicial del Gobierno de CiU

El Gobierno de Convergència i Unió cierra hoy una de las semanas más tormentosas en sus relaciones con los tribunales. Cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han volteado las pretensiones del Ejecutivo de Jordi Pujol en ámbitos tan diversos como los toros, el sistema de elección de los consejos comarcales o las subvenciones del Departamento de Trabajo de la Generalitat. Cuatro jarros de agua fría para CiU en plena temporada preelectoral, cuando los argumentos de debate político se orientan hacia el futuro estatuto y la federación quiere volver a pescar en los caladeros nacionalistas, que durante años ha tenido desatendidos por sus pactos con el Partido Popular .

Los cuatro jarros de agua fría sobre CiU se producen en pleno periodo preelectoral

Las sentencias del TSJC han llevado el debate político hacia otros derroteros. El primer fallo condenó a la Generalitat por prohibir la lidia de un toro en la obra Carmen, de Salvador Távora. El Gobierno catalán impidió el rejoneo de un toro durante la representación. Y la máxima instancia judicial catalana consideró "mutilada" la obra teatral. "La mal encubierta censura de una obra del espíritu humano no puede hallar cobijo en la invocación de una norma legal sectorial", subraya la sentencia. Eso era el lunes, y lo más duro estaba por llegar.

El jueves, el TSJC lanzaba de nuevo una bomba de profundidad contra el organigrama territorial del Gobierno de CiU, los consejos comarcales. El Tribunal Superior catalán consideraba plenamente ajustada a derecho y aplicable la ley aprobada en abril de 2003 con los votos de todos los partidos catalanes excepto CiU. La federación nacionalista se oponía con uñas y dientes. Hasta tal punto, que CiU recurrió a la Junta Electoral Central para evitar que la ley entrara en vigor, aduciendo que había sido aprobada en periodo electoral.

Cataluña cuenta con 41 comarcas -divisiones territoriales subprovinciales- que tienen a su vez un órgano de gobierno que se elegía con criterios no proporcionales. Es decir, el voto de un concejal de una población de 100 habitantes valía lo mismo que el de una localidad de 200.000. El criterio favorecía abiertamente a CiU, hegemónica en la Cataluña rural, gracias a una ley aprobada en 1987, en pleno apogeo de mayorías absolutas pujolistas. La oposición de izquierdas, con apoyo del PP, decidió darle la vuelta a la situación con una nueva ley que el Gobierno catalán se ha resistido hasta el último momento a aplicar. Ese mismo jueves negro de CiU, el TSJC, en otra sentencia, anulaba el decreto de la Generalitat de 1998 de reparto de fondos de ayuda a los consejos comarcales, por unos 3.700 millones de pesetas (22,24 millones de euros), por considerarlo "arbitrario" y "nada proporcional".

Parecía imposible acumular en una semana más fallos desfavorables. Pero el viernes demostró lo contrario. Y llegó el cuarto vaparalo. El Tribunal Superior catalán dictó una resolución anulando las órdenes que regulaban las subvenciones destinadas a la formación de empleo y de parados. En total unos 20.000 millones de pesetas (1.202 millones de euros).

El Gobierno de CiU, a pesar del ojo a la funerala que le ha dejado el TSJC, sigue en pie y galleando con sus adversarios. El conseller en cap, Artur Mas, insistió -después de todas las desgracias judiciales- en que, si la aritmética se lo permite, promoverá en el futuro una reforma del sistema de elección de los consejos comarcales para "no perjudicar a los pequeños municipios". El líder socialista, Pasqual Maragall, aseguró que el Gobierno de CiU está "haciendo el ridículo".