El Tribunal Superior vasco amplía la Sala Penal para decidir sobre la querella contra Atutxa

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha forzado la ampliación en tres miembros de esa Sala para deshacer el empate registrado entre los dos magistrados que apoyan y los dos que se oponen a la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía por un delito de desobediencia del presidente del Parlamento autonómico y otros dos miembros de la mesa de esa Cámara por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. Entre los magistrados que se oponen a la querella está el presidente del tribunal, Manuel María Zorrilla.

La sensación de "sorpresa" e "incredulidad" se ha impuesto entre todos los magistrados del TSJPV consultados por este periódico ante la situación "inédita" vivida por la Sala Civil y Penal para decidir sobre la admisión a trámite de las dos querellas.

El lunes pasado, los cuatro magistrados reunidos para decidir sobre la admisión de la querella del colectivo de funcionarios Manos Limpias, la primera que entró en el registro, acordó por unanimidad admitirla a trámite. Junto a Manuel Zorrilla componen la Sala los magistrados Nekane Bolado, Antonio García (ponente) y Roberto Sáiz. Algún magistrado del TSJPV ha mostrado su extrañeza por el hecho de que la Sala tuviera un número par, ya que podía haber sido ampliada con otro juez para evitar un posible empate. El quinto magistrado de la Sala, José María Satrústegui, se encuentra de baja.

La Sala volvió a reunirse el pasado miércoles para estudiar la querella interpuesta por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, el 19 de junio, hombre de confianza del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por un delito de desobediencia contra Atutxa y dos miembros más de la Mesa del Parlamento vasco, su vicepresidente primero y secretario general de EA, Gorka Knörr, y su secretaria segunda y parlamentaria de IU, Kontxi Bilbao.

Ese día comenzaron a conformarse los dos bloques, que se han mantenido hasta el final. Por un lado, el presidente del tribunal y Bolado defendieron la no admisión a trámite de la querella de la Fiscalía. Por otro, Antonio García, ex portavoz de la APM en el País Vasco, y Roberto Sáiz, magistrado nombrado recientemente por el Poder Judicial a propuesta de la terna presentada por la Cámara autónoma. Se da la circunstancia de que el Consejo General del Poder Judicial eligió de la terna el que menos votos tenía, el candidato propuesto por el Grupo Popular.

Hay un dato, revelado en las memorias del TSJPV, que ya no pasa desapercibido. Entre 2000 y 2002 no se ha producido ni una sola condena contra aforados en relación con los delitos de apología del terrorismo, injurias o calumnias, pese a que el número de querellas no ha dejado de crecer en ese periodo. En 1999 las causas penales contra aforados fueron 3 y el año siguiente se elevaron a 12. En 2002, el último año del que hay datos, casi la mitad de las causas contra parlamentarios por la Sala Civil y Penal por apología del terrorismo, injurias y calumnias fueron archivadas. La otra mitad no se había resuelto aún cuando se facilitó la información, el pasado mes de abril.

La discusión, bien sobre la justificación del tipo penal recogido en la querella, sobre los datos apuntados en torno al reglamento de la Cámara y su interpretación, entre otros, hicieron cada vez más patente el abismo entre ambos bloques. Se da la circunstancia, según fuentes jurídicas que conocen las deliberaciones, de que la Sala, a "instancias de Zorrilla, reabrió la discusión" sobre la querella de Manos Limpias que ya había sido admitida a trámite por unanimidad al "entender que había aspectos novedosos en la discusión al estudiar la de la Fiscalía, y que convendría dar una respuesta global a ambas".

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, a última hora del jueves los cuatro magistrados decidieron convocar la denominada sala de discordia para deshacer el empate, y ayer fueron designados los tres nuevos magistrados que integrarán esa sala "según la ley y turno establecido". Los magistrados del TSJPV son el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Enrique Torres y López de Lacalle; el presidente de la Sala de lo Social, Manuel Díaz de Rábago y Villar, y el miembro más joven de los que han accedido al tribunal, la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo María Abelleira Rodríguez. La sala ampliada de reunirá el lunes.

La Fiscalía estudiaba ayer un posible recurso al considerar que la elección de los tres nuevos magistrados no se había realizado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El ministro de Justicia, José María Michavila, dijo ayer que, "aunque no quiera", el PNV acabará cumpliendo las resoluciones judiciales y permitirá que la Mesa del Parlamento vasco disuelva el grupo Sozialista Abertzaleak, informa Marta Aguirregomerzcorta.