Cajasur afronta su renovación con la duda de si Castillejo respetará la representación del PSOE

Cajasur afronta hoy la renovación de sus órganos de gobierno, ya bajo el paraguas del Ministerio de Economía y fuera de la tutela de la Junta, con la principal duda de si el presidente de la entidad, el sacerdote Miguel Castillejo, respetará la representación que corresponde al PSOE en la entidad conforme a su peso político. En los nuevos estatutos de Cajasur, Castillejo se reserva en la práctica el poder de decidir quién forma parte del Consejo de Administración y de la Comisión de Control al exigirse que los vocales sean elegidos por mayoría absoluta de la Asamblea General (controlada por Castillejo) y no por los grupos a los que representan, algo que el PSOE estima que vulnera la LORCA (ley básica estatal sobre las cajas).

La Asamblea General de de Cajasur se constituye hoy con 120 consejeros (40 menos que antes) y con un notable incremento del poder de la Iglesia católica, que conserva sus 56 representantes pero que pasará a controlar el 46,5% de los votos. Este aumento del poder del Cabildo catedralicio fue aprobado por el Ministerio de Economía, que dio el visto bueno a que la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos perdiesen representación.

Al margen de esta pérdida del peso de los instituciones, el Gobierno aprobó unos estatutos que permiten a Castillejo blindar aún más su posición en la caja, toda vez que los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control han de ser elegidos por mayoría absoluta de la Asamblea y no por los diferentes grupos a los que pueden representar (Cabildo catedralicio, Diputación de Córdoba, ayuntamientos, impositores y trabajadores).

De esta manera, Castillejo puede elegir de facto a los representantes de los ayuntamientos en el Consejo de Administración (dos) y en la Comisión de Control (uno), sin necesidad de respetar el peso que tienen los partidos políticos como consecuencia del resultado de las urnas. En cuanto a la Diputación, el presidente de Cajasur puede vetar al candidato elegido para formar parte del consejo, el socialista Antonio Fernández Poyato, aunque en este caso su margen de maniobra es menor porque los seis representantes de la institución en la asamblea de la caja son del PSOE o de IU.

Los socialistas entienden que con estos mimbres la dirección de Cajasur puede marginar a sus representantes tanto en el Consejo como en la Comisión de Control, cuya composición decidirá hoy la Asamblea General una vez que se constituya. En este sentido, su vicesecretaria general, María del Mar Moreno, dijo ayer en Córdoba que si la asamblea no respeta la representación de los socialistas en los órganos de gobierno de la caja, se tratará de "un hecho sin precedentes".

Saltar la legalidad

Moreno confió en que Castillejo no usará hoy esta posibilidad para apartar a Fernández Poyato, ya que se "saltaría la legalidad". En este sentido, advirtió de que si Castillejo margina a los representantes del PSOE habrá "medidas políticas o jurídicas".

Moreno argumentó que en las otras cinco cajas andaluzas, en las que el PSOE tiene mayoría, "siempre se ha respetado la presencia de los miembros del PP" y acusó a los populares de ganar "cancha y presencia" en la entidad cordobesa gracias al Boletín Oficial del Estado y fuera de las urnas, "mediante pactos con Castillejo".

El secretario general del PP, Antonio Sanz, replicó que la acusación de un pacto con Castillejo "son fruto de la histeria y el cinismo en el que está instalado el PSOE". "El PSOE sólo respeta las normas cuando le interesa y esta vez no le queda más remedio que hacerlo", dijo en un comunicado.

Mientras, un grupo de compromisarios afines a CC OO ha impugnado la renovación de los impositores de la Asamblea General de Cajasur, y denunció "la anulación irregular" de su candidatura por parte de la Comisión Electoral de Cajasur.

Moreno se refirió también al nuevo cargo de consejero delegado de Cajasur que, a su entender, es una figura designada por el Ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas. Este puesto podría ser ocupado por Francisco Jiménez-Becerril, hermano del concejal asesinado por ETA, Alberto Jiménez-Becerril.

Por otra parte, la Consejería de Economía precisó ayer que el dictamen del Consejo Consultivo que establecía la incompatibilidad de Castillejo para presidir la caja y ser canónigo del Cabildo catedralicio no fue adoptado por unanimidad sino que hubo un voto en contra.