Los sindicatos amenazan con un otoño universitario "caliente" al retrasarse el convenio del profesorado

CC OO, UGT y CSIF amenazaron ayer con un inicio de curso "caliente" en las seis universidades públicas madrileñas si el Gobierno regional "sigue retrasando" la entrada en vigor del convenio de personal docente e investigador, porque pese a haberse firmado el pasado 14 de marzo todavía está sin publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Esta demora, de no resolverse pronto, repercute en la contratación de nuevos profesores universitarios para el próximo curso, ya que, según los sindicatos, crea un "vacío legal": no se puede aplicar el nuevo convenio porque hasta que no salga en el Boletín no estaría vigente y el viejo sistema de contratación ha quedado relegado con el nuevo texto. Además, el nuevo convenio actualiza los salarios de los 3.000 docentes universitarios empleados (no funcionarios) y de los cerca de 400 más que se prevé contratar para el nuevo curso.

Javier Pérez del Olmo, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO-Madrid, anunció ayer en rueda de prensa que entre las posibles medidas de presión previstas para septiembre está la de impugnar las nuevas plazas para profesorado si no se ajustan al convenio firmado en marzo. Advirtió asimismo de que podrían convocar una huelga e incluso retrasar la entrega de las actas de los exámenes de septiembre, lo que repercutiría en la matrícula de alumnos.

Las centrales también se quejan de que está "paralizada" la negociación del segundo acuerdo para el personal de administración y servicios con el que se pretende mejorar, entre otras cosas, las condiciones laborales de este colectivo en salarios, movilidad y vacaciones. Y denuncian asimismo que la Comunidad tampoco ha cumplido su compromiso de crear la Agencia Regional de Calidad, es decir, la versión autonómica de la Agencia Estatal (Aneca), un organismo que evalúa el trabajo del profesorado contratado universitario para ver si puede seguir trabajando en ellas.

Según Ángel Ponce, representante universitario por CC OO, la Consejería de Educación ha sufrido "una especial ralentización" durante el mandato de Carlos Mayor Oreja. "El Gobierno regional no puede escudarse en la crisis política provocada por los diputados tránsfugas; si está en funciones, que funcione", afirma.