De la "autonomía" a la "colaboración"

La relación entre los sucesivos gobiernos del PP y las universidades públicas valencianas no sólo no ha sido nunca fácil por su tradicional espíritu crítico (algo con lo que también tuvieron que lidiar sus predecesores socialistas) sino que, además, comenzó con mal pie en 1995: cuando nada más llegar Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat Valenciana decretó la creación de una quinta universidad en Elche a 20 kilómetros de la matriz de Alicante, a partir de la segregación de su facultad de Medicina. A finales de 2001, y coincidiendo con el obligado proceso de renovación de rectores forzado por la Ley Orgánica de Universidades (LOU), se culminó el proceso de recambio de los tres rectores valencianos que habían protagonizado la mayor batalla en defensa de la "autonomía universitaria" que ha vivido la universidad española bajo la democracia.

Si bien la salida del rector de Alicante, Andrés Pedreño, ya se había precipitado dos años antes con la paralización de la ampliación del campus tecnológico por parte de la consejería, fueron las salidas de Fernando Romero de la Jaume I de Castellón y de Pedro Ruiz -bajo cuyo mandato el Consell de Zaplana mantuvo bloqueada la reforma de los Estatutos por un aspecto relativo a la normalización interna del valenciano- las que supusieron la escenificación de una especie de "pacto de caballeros" auspiciado por el manto de la "colaboración universitaria".

Así se lo manifestó Zaplana al rector Francisco Tomás nada más recoger el bastón de mando de manos de su "amigo Ruiz": "Dirijo, pues, al nuevo rector de la Universitat de València y a todo su equipo de gobierno una oferta sincera de diálogo y colaboración", en un momento, aclaró el hoy ministro de Trabajo, "en que la Universidad española se enfrenta a un complejo proceso de desarrollo de la LOU". Ese 13 de abril de 2002, Zaplana zanjó una etapa de tensiones con un solemne: "La relaciones entre el Gobierno valenciano y las universidades son de absoluta normalidad".

Su sucesor, el presidente Francisco Camps, que pese a su breve estancia al frente de la Consejería de Educación alcanzó un pacto estable de financiación con los rectores en menos de un año (aunque no logró ni siquiera calmar la herida abierta en Alicante), vuelve con la bandera del diálogo como arma de futuro.