Los dueños de CPV vendieron un solar el día anterior a ingresar en prisión

Los dueños de la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) cedieron el día antes de su ingreso en prisión- el 1 de noviembre- una parcela de 48.000 metros cuadrados en Magán (Toledo) a una empresa de constructores a la que adeudaban 1,17 millones de euros. En este solar, que estaba valorado en más de dos millones, estaba siendo construida una primera fase de 30 chalés pareados. Los propietarios de CPV están acusados de una supuesta estafa a más de 1.200 familias que habían dejado una señal para la compra de una vivienda en los nuevos barrios del norte de la capital madrileña.

Los dos administradores de la constructora Hermanos Burgos de Magán, SL, comparecieron ayer en calidad de testigos ante el Juzgado número 34 de plaza de Castilla, que instruye el caso. Los dueños señalaron a su salida que ellos comenzaron la construcción de los chalés en junio de 2002 y que, al no cobrar las certificaciones de obra, demandaron el pasado 11 de septiembre a CPV como promotora de las viviendas. Los empresarios afectados aceptaron recibir como pago de los trabajos ejecutados el solar sobre el que se levantaba la urbanización, llamada El Lago de Magán. Firmaron la escritura en pago del terreno el 30 de octubre del año pasado, un día antes de que ingresara en prisión el director general de CPV, Francisco García Moreno.

Parte de la segunda fase de esta urbanización, formada por 30 chalés, se encuentra sin finalizar. "Yo soy un afectado más de los 30 que hay en Magán y no quiero verme mezclado en nada de esto", señaló Óscar Luis Burgos Caballero, administrador de la constructora.

Prisas en la transacción

Los abogados de los afectados por la presunta estafa destacaron que los constructores lo habían hecho "muy bien", pero que su actuación había perjudicado a los 1.200 compradores. Basaron esta afirmación en que la parcela tenía un precio mucho más alto y fue puesta como pago sin peritación. "No es necesaria esta tasación, pero resulta muy conveniente, dado el proceso judicial en el que estamos y el precio que ha alcanzado", señalaron los letrados. "Los empresarios han declarado que les llamó el dueño de la CPV y les dijo que le corría mucha prisa hacer la transacción, ya que no tenía casi tiempo. Además han comentado que se valoró la parcela en el montante de la deuda y que, si ésta hubiera sido mayor, la valoración también habría aumentado", añadieron.

Los abogados se preguntaron por qué los dueños de CPV solventaron la deuda con los constructores de Magán y no destinaron el precio de la parcela a pagar a otros afectados. El letrado Juan Ignacio Ortiz de Urbina fue más lejos y afirmó: "Sospechamos que los hermanos Burgos no son perjudicados, sino perjudicadores". Los defensores no descartan ampliar la querella.