Denuncias cruzadas entre el Gobierno y la sociedad que certificó al 'Prestige'

El Gobierno y la American Bureau of Shipping (ABS), la sociedad calificadora de buques que certificó el estado del petrolero Prestige, se han enzarzado en una batalla de denuncias cruzadas ante los tribunales y ante la Comisión Europea. Después de que el Ejecutivo español demandase a ABS en Estados Unidos para reclamarle una indemnización de 700 millones de dólares, la entidad clasificadora, la primera del mundo, ha anunciado que responderá acudiendo a su vez a la justicia española.

ABS acusa al Gobierno de haber emprendido acciones que exceden su jurisdicción territorial y de "violar sus obligaciones legales" cuando se negó a dar abrigo en puerto al Prestige.

La Administración española decidió actuar contra ABS al responsabilizarle de haber certificado que estaba en condiciones de navegar pese a las deficiencias que luego se advirtieron en su casco. La clasificadora anunció hace unos días una "contrademanda", en la que negará la competencia del Ejecutivo español para acogerse a los tribunales de Estados Unidos y denunciará su gestión "temeraria y negligente" de la crisis. La iniciativa legal del Ejecutivo español, así como su propósito de solicitar a la Comisión Europea que retire el reconocimiento a ABS para certificar las condiciones de los buques, son "una táctica para desviar la atención de la gestión negligente de las propias autoridades españolas", según el vicepresidente de la sociedad americana, Stewart Wade.

Por otra parte, el pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto ley que permitirá adelantar las indemnizaciones a los afectados por la catástrofe del Prestige siempre que éstos renuncien a presentar futuras reclamaciones por daños. El Gobierno obtuvo el apoyo de PP, CiU y Coalición Canaria. El PSOE se abstuvo, mientras Izquierda Unida y BNG votaban en contra por entender que el propósito del Ejecutivo es "blindarse" ante posibles demandas futuras si las secuelas de la marea negra son persistentes.

Sexto rechazo

Por otro lado, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo rechazó ayer la creación de una comisión de investigación sobre la catástrofe del Prestige, lo que supone la sexta vez que la Cámara, en diferentes ámbitos, se opone a esa medida, informa Efe. La comisión parlamentaria adoptó un informe sobre el accidente, elaborado por el diputado británico Dirk Sterckx (liberal), tras haber celebrado una amplia audiencia pública y varias misiones de información en Galicia y Bretaña.

El pleno de la Eurocámara votará el informe definitivo el próximo 23 de septiembre. El rechazo se produjo por 26 votos a favor de la comisión investigadora (socialistas, verdes e Izquierda Unitaria) y 30 en contra (populares y liberales). La propuesta partió de la comisión de Medio Ambiente, que al igual que las de Industria, Pesca y Empleo fueron consultadas y emitieron respectivos "proyectos de opinión" sobre el Prestige, que han sido compilados en un informe único por la de Transportes.

La diputada francesa Marie Anne Isler Béguin (Verde) propuso que se esclareciera "este asunto en el marco de una comisión de investigación o temporal del Parlamento Europeo con el fin de dilucidar las causas precisas de la catástrofe del Prestige y sacar las lecciones pertinentes para evitar que se produzcan nuevas mareas negras".

La socialista Rosa Miguélez lamentó que no se cree una comisión de investigación, cuando "la catástrofe no se ha terminado", por lo que anunció que su grupo volverá a pedir que el pleno de la Cámara europea se pronuncie de nuevo en septiembre.