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Un juzgado investiga la compra de la sede del PSC del Baix Llobregat

Imputados el alcalde de Cornellà, el primer secretario y varios funcionarios

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cornellà investiga desde el pasado mes de noviembre una operación urbanística de venta y segregación de la masía Can Risueño, actual sede del PSC del Baix Llobregat, y unos solares limítrofes. La querella se presentó en julio del año pasado y se refiere a hechos ocurridos en 1994, según informó anteayer El Mundo. Inicialmente iba dirigida contra más 40 personas, entre ellas todos los miembros de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Cornellà en 1990, 1994 y 1995 que adoptaron diversos acuerdos de ordenación urbanística de la zona, además de varios funcionarios municipales.

La querella fue admitida a trámite el 8 de noviembre de 2002 y se imputó a ocho personas, entre ellas el alcalde de Cornellà y primer secretario del PSC, José Montilla. También está imputado el primer secretario del partido en el Baix Llobregat, José Zaragoza. Ambos están acusados de los presuntos delitos de estafa y prevaricación. Además, hay otras seis personas acusadas por este último delito, entre ellas la secretaria general del Ayuntamiento de Cornellà, Carmen Alonso; el teniente de alcalde de Urbanismo en 1997, Antonio Martínez, y el arquitecto municipal Antonio Renalias.

En síntesis, en la querella se expone que el PSC compró la masía el 18 de mayo de 1994 por 210.354 euros a su propietaria, María Rosa Teres, una vez que se había parcelado en tres solares la finca que la rodea y con el compromiso de que sería suelo edificable. Pero el Ayuntamiento se desdijo de sus compromisos, según la querella, y acabó comprando a particulares las tres fincas que éstos habían adquirido a la mujer. Uno de estos solares quedó incorporado a efectos posesorios a la masía del PSC, "lo que significó un claro favoritismo a favor del partido político del alcalde", siempre según la querella.

El Ayuntamiento sostiene que ese solar es indivisible de la masía y recuerda que si acabó recalificando los usos de las otras dos parcelas y pasaron a ser zona verde fue por la presión vecinal. Pero la denunciante asegura que se le causó un perjuicio económico en toda la operación.

Informe del fiscal

Los ocho imputados prestaron declaración en el juzgado los días 4, 5 y 25 de febrero de este año. Al día siguiente, su abogado defensor, Cristóbal Martell, solicitó el archivo de la causa por considerar que la querella contiene un "bastardo relato" de hechos y una "torticera lectura de rudimentos jurídico-administrativos y urbanísticos". La fiscalía informó el 2 de mayo oponiéndose al archivo y el 26 de ese mismo mes la juez Dolores Ferrés acordó la práctica de las pruebas solicitadas por la acusación: la declaración del esposo de la propietaria, la del arquitecto municipal Carles Robles y la remisión al juzgado de 14 expedientes municipales sobre la operación.

La juez rechaza archivar el caso por considerar que todavía no se han practicado las pruebas que solicitaba la acusación particular y añade que ese trámite "en modo alguno conlleva la estigmatización del banquillo". Asegura la juez que la Constitución obliga a los tribunales a "que se practique una instrucción para depurar la verdad". El secretario general adjunto de CiU, Pere Macias, pidió ayer a Pasqual Maragall "que no se esconda" y dé explicaciones por la imputación de Montilla en este caso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de julio de 2003