Opositores a plazas de auxiliar de la Xunta se amotinan al filtrarse preguntas durante el examen

El Gobierno gallego soportó ayer un aluvión de críticas por el escándalo que se desató en la tarde del pasado domingo durante unas pruebas de acceso a 200 plazas de la Administración autónoma, que fueron suspendidas tras un motín de los propios opositores. Los inscritos en el examen, realizado por turnos con un ejercicio único para todos, descubrieron que los sistemas de seguridad habían fallado y que algunos aspirantes estaban filtrando las preguntas a sus compañeros que aguardaban fuera del aula. El tribunal ordenó en un primer momento que las pruebas continuasen pese al aluvión de protestas. Pero un plante de decenas de opositores forzó a la Xunta a dictar la suspensión.

Los 1.393 aspirantes a 200 plazas de auxiliar administrativo de la Xunta estaban convocados a las cuatro de la tarde del domingo en el Palacio de Congresos de Santiago para realizar la prueba de informática. Como sólo se disponía de 200 ordenadores, los inscritos en el examen fueron divididos en siete grupos, que debían acudir al aula por turnos consecutivos para realizar un ejercicio único. Los primeros problemas surgieron al cruzarse en el pasillo dos tandas de aspirantes, una que entraba y otra que salía. Ante la falta de vigilancia, algunos aprovecharon para anticipar a sus compañeros el contenido del ejercicio. Además, no se impidió el acceso al aula con teléfonos móviles y el sistema inhibidor de frecuencias que, según la Xunta, se había dispuesto sufrió un fallo técnico. Al percatarse de que era posible enviar mensajes telefónicos, algunos opositores se comunicaron con el exterior para filtrar las preguntas.

En una situación cada vez más tensa, decenas de aspirantes a las plazas decidieron plantarse. Varios que esperaban su turno elaboraron escritos para demostrar que conocían de antemano el contenido del ejercicio. Otros recitaban a gritos las preguntas antes de que se las comunicasen. Pese a todo, el tribunal insistía en continuar con las pruebas, según varios opositores. La directora general de la Función Pública, Belén Prado, sólo accedió a suspender las pruebas cuando supo que se había avisado a la prensa.