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El ex senador que se sintió atacado por la justicia

Dimas Martín Martín, político canario de larga trayectoria a quien el 25-M le ha deparado un acta de diputado del Parlamento de Canarias y, con la ayuda de los votos del PP y CC, la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote, fue senador por esa isla y, desde su escaño en la Cámara alta, denunció lo que él consideró un ataque de la Justicia a la soberanía popular a propósito de una condena por cohecho -la compra de un voto de un concejal del PP- confirmada por el Supremo en diciembre de 2000.

El magistrado ponente, José Antonio Martín Pallín, resaltó en la sentencia la gravedad de "corromper o intentar corromper a un funcionario público (...) a cambio de sustanciosas prebendas en metálico" y explicó que "en un sistema democrático representativo no hay espacio posible para la corrupción que supone la compra de los votos de los representantes elegidos".

La condena firme a tres años de cárcel, con "suspensión de todo cargo público representativo y del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena" irritó al entonces todavía senador, hasta el punto de que el 26 de enero de 2001 denunció ante la presidenta del Senado, a la sazón Esperanza Aguirre, que acatar esa condena atacaba "precisamente el ejercicio del cargo" de senador.

Dimas Martín resaltó que la aplicación de la condena podía "desembocar en privación de libertad de uno de sus miembros [él mismo] y pérdida de la condición de senador, alterándose con ello la composición y funcionamiento" de la Cámara.

En cuanto a la negativa del Supremo a pedir un suplicatorio para juzgarle como aforado, Dimas Martín invocó el derecho constitucional a acceder a los cargos públicos que, según aseguró, "comprende el ejercicio de las funciones propias del cargo sin intromisiones, impedimentos ni limitaciones ilegítimas, cual sin duda es la que produce el Tribunal Supremo al imponer su decisión".

En curiosa coincidencia con la defensa reciente del fuero parlamentario vasco a propósito de las consecuencias de la ilegalización de Batasuna, Dimas Martín argumentó: "La decisión del Tribunal Supremo no sólo vulnera derechos singulares que conforman el status parlamentario de quien esto suscribe (...), sino que vulnera de forma directa facultades que la Constitución reconoce a las Cortes Generales".

Y respecto a su intención de pedir amparo al Tribunal Constitucional "contra la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo", Dimas Martín pidió a Aguirre que compareciera ante el Tribunal Constitucional "como parte coadyuvante (...) en el proceso de amparo" para salvaguardar los "derechos y prerrogativas" del senador condenado.

La inadmisión por el Tribunal Constitucional del recurso de amparo interpuesto por Dimas Martín contra la sentencia del Supremo dejó sin contenido, unos meses después, la petición a la presidenta del Senado, cámara que, por otra parte, expulsó del escaño al condenado por cohecho.

Sin embargo, la Administración electoral permitió la presentación del condenado a los comicios del 25-M, eso sí, con la "preocupación" pasiva de la Junta Electoral Central por el alcance de la suspensión de la condena realizada por la Audiencia de Las Palmas con motivo de la solicitud de indulto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de julio de 2003