Dos tribunales federales de Brasil rebajan a la mitad una subida de tarifas telefónicas

Dos tribunales federales brasileños han suspendido una subida media del 28,75% en las tarifas telefónicas autorizada por el regulador oficial y ordenaron que se aplique una menor a la que pretendían las operadoras, un 14,8%. La decisión de los jueces encierra una pugna de poder entre las compañías y el Gobierno, que no quiere que una escalada de las tarifas agudice el ya grave problema de la inflación. Esta lucha perjudica sobre todo a las operadoras que controlan el servicio en los Estados más poblados: Telefónica de Brasil, Brasil Telecom, Telemar y Embratel.

El Tribunal Federal del Estado de Ceará (noreste) suspendió la escala de aumentos aprobada la semana pasada por el ente regulador estatal Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Además, dispuso que las nuevas tarifas se ajusten a un índice de precios al consumo, lo que significa que serán la mitad de las autorizadas originalmente por Anatel. El fallo del juez Jorge Luís Girao Barreto, de Fortaleza, capital de Ceará, difundido ayer, atendió a una petición de la fiscalía impulsada por el Ministerio de Comunicaciones. "Como se trata de una acción civil colectiva, la decisión vale para todo el territorio nacional, y no sólo en Ceará", declaró el juez.

La solicitud de la fiscalía se basa en que el índice de precios utilizado para elaborar el primer pliego de tarifas "no traduce la real evolución inflacionaria". De esta forma, el juez de Ceará establece que las nuevas tarifas para el servicio residencial sean calculadas sobre la base del índice de precios al por menor. En la práctica, esto lleva a aumentos del 14,34% para el servicio residencial y del 23,95% para el no residencial. La tarifa de larga distancia nacional aumentaría un 14,28%, y la de larga distancia internacional, un 6,04%. El promedio de este pliego es del 14,8% de media entre todos los servicios, mientras que el reajuste medio autorizado por el regulador oficial, Anatel, era del 28,75% (25% para rresidencial y 41,75% para no residencial). Paralelamente, el Tribunal Federal de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, concedió un amparo que suspendió los ajustes originales, que entraron en vigor el 30 de junio.

Fuentes de Telefónica dijeron a Efe que no le ha sido notificada la decisión judicial y que sólo se pronunciará después de analizarla. Anatel, Embratel y Telemar tampoco se pronunciaron. Ambas decisiones judiciales afectan en total a nueve operadoras, que tienen 10 días para apelar.

Las principales operadoras, que son Telefónica, Embratel, Brasil Telecom y Telemar, que controlan el servicio en los estados más poblados del país, han sido las más afectadas por una pugna de poderes cuyo detonante fue una declaración del presidente de Telefónica de Brasil, Fernando Xavier, que anunció las subidas autorizadas por Anatel antes de que lo hiciera el propio organismo oficial. El gesto de Xavier irritó al Gobierno de Lula y más aún después de que Anatel contrariase sus instrucciones sobre incrementos de tarifas.

Justificación

Anatel justificó su decisión arguyendo que por ley las empresas tenían derecho a un aumento del 30%, pero en el Ejecutivo la decisión sentó mal y fue interpretada como una concesión del regulador. El ministro de Comunicaciones, Miro Teixeira, criticó a Anatel diciendo que al doblegarse frente a las operadoras hizo trizas una larga negociación.

A partir de estas declaraciones y en menos de una semana, en cinco estados brasileños -entre ellos Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul- la justicia local ordenó suspender la aplicación de las nuevas tarifas. En São Paulo, el principal mercado de telefonía en Brasil, hay cuatro expedientes judiciales que se espera que se resuelvan en contra de la subida de tarifas.

La crisis, además, ha sido aprovechada por el Gobierno para justificar la urgencia en establecer nuevas normas para el sector. Ya mismo se comenzará a negociar la normativa que regulará el sector entre 2006 y 2025, y tras este problema es previsible que el Gobierno endurezca su posición frente a los operadores telefónicos. La Cámara de Diputados prepara una comisión de investigaciones cuyo objetivo será realizar un exhaustivo examen de todo el proceso de privatización de las telecomunicaciones, concluido en 1998.

Al Gobierno de Lula no le gusta la situación de la telefonía. La principal crítica es la falta de competitividad en la telefonía fija. Tres grandes grupos se dividen este mercado, dos de capital básicamente nacional (Telemar y Brasil Telecom) y el tercero, Telefónica, que controla la región más rentable (São Paulo). Para el Gobierno, el antiguo monopolio estatal ha sido reemplazado por trío privado.