El Gobierno argentino revisará las 61 concesiones de servicios públicos otorgadas a empresas privadas

El Ejecutivo argentino ha decidido poner en marcha una comisión para "revisar la historia" de los 61 contratos de concesión de servicios públicos a empresas privadas, que incluyen entre otros los de telefonía, electricidad, agua y gas a cargo empresas españolas o de sociedades de las que participan capitales españoles. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anticipó que la revisión y renegociación de los términos se hará "a la luz de su impacto sobre la economía, la distribución del ingreso, la calidad del servicio, el acceso de la gente a la prestación, el cumplimiento de los planes de inversión, las normas de seguridad y la rentabilidad de las empresas".

Por otra parte, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para recuperar la facultad de aumentar las tarifas sin que sus decisiones se vean "limitadas o condicionadas" por los marcos regulatorios vigentes y los contratos de concesión o licencias de los respectivos servicios públicos.

Las decisiones tomadas por el presidente Néstor Kirchner se corresponden con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). La discusión de los contratos con las empresas a cargo de los servicios públicos que reclaman aumento de tarifas y rebajar sus compromisos de inversión era uno de los requisitos imprescindibles para que Argentina pueda aspirar a fines de agosto, cuando concluya el acuerdo transitorio firmado el pasado enero, a un programa de asistencia financiera de largo plazo.

La comisión encabezada por los ministros Lavagna y de Planificación Federal, Julio de Vido, tiene plazo hasta diciembre de 2004 para terminar su tarea. A su vez, el Congreso dispondrá de un plazo máximo de 60 días para aprobar de forma conjunta las reformas negociadas con la empresa de cada sector. El ministro Lavagna anticipó que "el Congreso no podrá objetar nada en particular, sólo podrá decir sí o no a todo".

Mientras tanto, el Ejecutivo pretende recuperar para sí la decisión sobre las tarifas. Las dos ocasiones anteriores en que intentó aumentar un 9% y un 7% los servicios de luz y gas, la ejecución de los decretos fue suspendida luego de que los jueces admitieran los recursos presentados por los Defensora del Pueblo de Buenos Aires y de la Nación en nombre de los usuarios.